Cuba y Venezuela: trabajo forzoso bajo el disfraz de solidaridad internacional

El resurgimiento de mecanismos de subordinación laboral controlados por el Estado ha vuelto a posicionar a Cuba en el centro del debate sobre los límites entre cooperación internacional y trabajo forzoso. El uso de misiones médicas y profesionales, administradas íntegramente por el Gobierno, evidencia una estructura donde el trabajador no negocia sus condiciones, depende de permisos para salir del país y cede la mayor parte de su salario al aparato estatal. Aunque presentadas como herramientas solidarias, estas misiones reflejan una lógica de captura de valor basada en la vulnerabilidad de los ciudadanos.

En paralelo, Venezuela desarrolló en la última década un esquema propio donde técnicos petroleros, operarios y profesionales vinculados a empresas públicas enfrentan restricciones de movilidad, retención de documentos y contratos opacos en proyectos en el exterior. La crisis económica y el aislamiento diplomático llevaron a una creciente externalización de mano de obra bajo acuerdos entre Estados. Aunque menos institucionalizado que el modelo cubano, el venezolano replica dinámicas similares: dependencia absoluta del empleador estatal, vigilancia política y sanciones para quienes deciden permanecer en el extranjero.

Cuba

Modelos estatales de control laboral

En Cuba, la exportación de profesionales se sostiene desde los primeros años revolucionarios como una fuente de divisas y un mecanismo de influencia exterior. Más allá del discurso oficial, las misiones suelen operar bajo reglas rígidas: el Estado retiene la mayoría de los ingresos, decide el destino de cada trabajador y etiqueta como "desertor" a quien no regresa. El control sobre la vida cotidiana del personal, sumado a la imposibilidad de negociar salarios, configura un entorno donde la autonomía individual es prácticamente inexistente, incluso cuando las misiones implican riesgos o separaciones familiares prolongadas.

En el caso venezolano, la presión sobre los trabajadores surge de una combinación de precariedad interna y uso geopolítico de sus capacidades técnicas. Ex empleados de PDVSA han reportado retención de pasaportes, traslado obligatorio a proyectos externos y amenazas de represalias laborales ante intentos de renuncia. Si bien la escala es menor que en Cuba, el patrón se repite: el Estado actúa como intermediario exclusivo, recibe beneficios económicos directos y mantiene la capacidad de castigar a quienes rompen el vínculo, lo que acerca estas prácticas a formas contemporáneas de servidumbre.

Exportación estatal de profesionales en Cuba y Venezuela reproduce lógicas de trabajo coercitivo.

Consecuencias y proyecciones regionales

Ambos sistemas se desarrollan en contextos donde la debilidad institucional y la falta de contrapesos permiten que el trabajo humano sea administrado como un recurso estratégico más. Para miles de cubanos y venezolanos, la movilidad internacional no es una elección profesional, sino una extensión de la dependencia política y económica en la que viven. La captura estatal del salario y la imposición de sanciones, incluso sobre familiares, refuerzan un régimen de control que trasciende fronteras y condiciona la libertad individual.

Modelos laborales de ambos países generan dependencia, control político y denuncias de servidumbre.

A nivel regional, estas prácticas plantean un desafío diplomático complejo. Países receptores enfrentan el dilema de beneficiarse de mano de obra calificada mientras conocen las condiciones restrictivas bajo las cuales se envía. La persistencia de estos modelos también tensiona marcos multilaterales de derechos humanos, que consideran el trabajo forzoso como una violación grave. La región deberá definir si tolera estos esquemas o si impulsa estándares que protejan la integridad laboral en misiones internacionales.