Escándalo de la VTV en PBA: indagatoria a D'Onofrio y letal conclusión de Garganta

El fiscal Álvaro Garganta citó a indagatoria al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio y a siete empresarios en la causa que investiga irregularidades en el funcionamiento de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“Entiendo que ha existido un direccionamiento a favor de siete empresas para adjudicar el servicio de VTV, que ello lo ha sido a cambio recibir sumas de dinero a través de la contratación de una interpósita empresa como lo es Soluciones SA; y a través de la cual se canalizaría el dinero que llegaría al ex Ministro de Transporte”, indicó Garganta en la resolución a modo de conclusión.

El exfuncionario bonaerense enfrenta cargos por el delito de cohecho activo en concurso ideal con negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. La indagatoria será el 15 de diciembre a las 10 de la mañana.

Por su parte, los empresarios implicados son Martín Hernán Serrano, Germán Leandro Rebolo, Leonardo Sclafani, Aitor Reter Aguado, Juan Manuel Funes Bige, Juan Pablo Pesculich y Germán Jorge Neuss.

El documento judicial sostiene que, entre marzo de 2023 y enero de 2024 -cuando aún ejercía como ministro-, D’Onofrio habría pactado con las compañías oferentes la adjudicación de las 16 zonas del servicio de VTV a cambio de un mecanismo para canalizar pagos a través de una empresa interpósita: Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA.

Según la resolución, esta firma “interpuesta por el ministro” debía ser contratada por los concesionarios y cobrarles un porcentaje mensual de entre el 3% y el 8,5% de sus ingresos por diez años, más IVA.

Los investigadores afirman que ese esquema no sólo fue acordado, sino que se puso en marcha: la empresa intermediaria recibió pagos por más de $4.995 millones provenientes de las compañías adjudicatarias.

La licitación bajo sospecha

Además, se describe múltiples irregularidades que, a criterio del fiscal, evidenciarían un direccionamiento de la licitación nacional e internacional de la VTV. Entre ellas se destacan:

• La participación de una UTE (Sistema Integral del Automóvil SA) que, al momento de presentar oferta, no estaba inscripta en el Registro de Personas Jurídicas ni en la Inspección General de Justicia, y que incluso carecía de CUIT.
• La conformación de varias de las empresas integrantes de esa UTE apenas días antes de la presentación de su oferta.
• La falta de actas de asamblea autorizando la participación societaria en la UTE.
• La ausencia de controles formales por parte del Ministerio de Transporte durante el proceso, lo que -según la resolución- muestra una “complicidad” de la administración.
• La transformación anticipada de la UTE en sociedad anónima antes de que la adjudicación fuera formalmente definida, algo considerado “llamativo” y “sólo explicable” si habían recibido garantías previas de que serían ganadores.

El fallo detalla también que la empresa señalada como vehículo para la recaudación de retornos -Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA- tuvo movimientos y cambios societarios que, según los investigadores, confirmarían que fue “puesta por el ministro” para cumplir esa función.

Una acusación que escala

La causa, caratulada “D’Onofrio, Jorge Alberto y otros s/ Fraude en perjuicio de la administración pública y otros”, incluye también a empresarios y funcionarios vinculados al proceso de licitación.

La Justicia respalda su hipótesis en informes de ARBA, ARCA, Banco Provincia, registros societarios, testimonios, documentación contable y actas secuestradas tanto en el Ministerio de Transporte como en oficinas relacionadas con la empresa intermediaria.

El origen de la investigación fue una denuncia realizada por Leandro Camani, quien aportó documentación y fotografías que dieron pie a los allanamientos posteriores.

Qué implica para D’Onofrio

El exministro queda, según la resolución, ubicado como el presunto articulador de un mecanismo para direccionar la millonaria concesión de la VTV a un grupo específico de empresas, garantizando su victoria y montando un sistema paralelo para la recaudación de retornos durante toda la década de concesión.

El juez consideró que existen “indicios vehementes” que justifican avanzar contra él por fraude en perjuicio de la administración pública y por su participación en una presunta asociación ilícita destinada a manipular el proceso licitatorio y obtener beneficios económicos indebidos.

FA