India exige app estatal en celulares nuevos para combatir fraudes móviles

India ordenó que todos los nuevos teléfonos inteligentes que se vendan en el país incluyan una aplicación estatal diseñada para combatir delitos tecnológicos. La herramienta no podrá eliminarse y será obligatoria en cada dispositivo que salga de fábrica, convirtiéndose en un componente central de la estrategia nacional contra el fraude digital.

La aplicación, llamada Sanchar Saathi, nació como respuesta al crecimiento del robo de dispositivos y la clonación de IMEI, un mecanismo utilizado por redes criminales para activar líneas falsas o cometer estafas. Para enfrentar ese problema, el Ministerio de Comunicaciones desarrolló una plataforma única que permitiera bloquear teléfonos extraviados, rastrearlos, verificar su identidad y denunciar actividades sospechosas, unificando procesos que antes estaban dispersos en diferentes organismos.

Desde su lanzamiento, la app mostró un impacto significativo. Según cifras oficiales, permitió recuperar más de 700.000 celulares perdidos, incluidos 50.000 solo en el último mes medido, y también logró bloquear o dar de baja más de 30 millones de conexiones fraudulentas vinculadas a documentación falsa o dispositivos adulterados. El gobierno sostiene que estos resultados justifican la decisión de convertirla en un requisito obligatorio.

La medida abarca a todos los principales fabricantes que operan en el país, incluidos Apple, Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi y otras marcas. Tienen un plazo de aproximadamente 90 días para garantizar que cada nuevo modelo integre la aplicación desde su producción. En paralelo, los dispositivos ya fabricados pero aún sin vender deberán recibirla mediante una actualización de software.

La aplicación permite bloquear, rastrear y verificar dispositivos en un único sistema centralizado.

Sin embargo, la orden generó debate. Organizaciones dedicadas a la defensa de la privacidad advierten que obligar al usuario a mantener una app estatal sin posibilidad de desinstalarla limita su libertad y plantea interrogantes sobre el control de la información. El gobierno asegura que la aplicación solo utiliza los datos necesarios para verificar el dispositivo y combatir delitos, sin acceder al contenido personal de los usuarios.

También surgieron dudas entre algunos fabricantes, especialmente Apple, cuyas políticas suelen restringir la inclusión de aplicaciones externas antes de la venta. Analistas creen que la compañía podría intentar negociar alternativas más flexibles, como un sistema que incentive la instalación opcional, aunque por ahora la directiva del gobierno es clara y de cumplimiento obligatorio.

Con más de mil millones de líneas activas, India es uno de los mercados móviles más grandes del mundo. La imposición de esta aplicación estatal marca un precedente regional y global sobre cómo los gobiernos buscan equilibrar seguridad, privacidad y autonomía del usuario en un contexto donde los delitos tecnológicos crecen a gran velocidad.