La causa que investiga el femicidio de Ana Gabriela Picciuto —uno de los casos más impactantes de los últimos años en Tucumán— quedó en la nada. Tras meses de análisis, un tribunal de impugnación decidió revocar la condena que pesaba sobre Leonardo Salomón, absolverlo y exponer una serie de irregularidades que vuelven a colocar el expediente en el terreno de la impunidad.
La resolución fue firmada por los jueces María Jimena Suárez, Facundo Maggio y Agustín Puppio, quienes en 163 páginas detallaron por qué la sentencia dictada en mayo de 2025 no podía sostenerse. Señalaron que no se acreditó la autoría del acusado, que nunca apareció el arma homicida, que no había evidencia genética que lo vinculara al crimen y que la investigación había desatendido hipótesis alternativas que podían resultar determinantes.
El crimen ocurrió entre el 9 y el 11 de marzo de 2023. Picciuto, de 30 años, desapareció sin rastros hasta que su cuerpo fue hallado el 12 de mayo, sumergido en la base de una cisterna en su vivienda de Chacabuco 59, en Monteros. Las pericias concluyeron que había sido asesinada a golpes en la cabeza con un objeto contundente que jamás fue encontrado. La casa, además, ofrecía un panorama extraño: estaba ocupada por varias personas, muchos de ellos consumidores problemáticos, en medio de una disputa por la propiedad que mantenía la víctima, incluso, con su ex esposo.
La línea investigativa se ramificó desde el inicio. Quedaron imputados Alfredo Socci, Natalia Liberman, Sofía Di Cianni y Luis Fumero, ex marido de Picciuto. Contra ellos se acumulaban testimonios y contradicciones en torno a la ocupación de la vivienda, el vaciamiento de la casa y la desaparición de pertenencias de la víctima. Paralelamente, surgió la sospecha sobre Salomón, quien mantenía un vínculo conflictivo con Picciuto, dejó la provincia el mismo día de su desaparición y tenía experiencia en trabajos de albañilería y cisternas.
Sin embargo, el tribunal advirtió que la pesquisa avanzó sin la solidez necesaria: no se determinó el lugar exacto del homicidio, no se investigó con profundidad el rol de los ocupantes de la casa ni las motivaciones económicas detrás de la venta irregular del inmueble. Incluso Socci quedó bajo un fuerte manto de sospecha: controlaba las llaves de la vivienda, cuidaba a la mascota de la víctima y fue visto con una maza compatible con las lesiones que mostraba el cuerpo. Esa herramienta nunca fue secuestrada y su testimonio —que apuntó directamente a Salomón— careció de respaldo probatorio.
También quedaron sin profundizar las inconsistencias en torno a Liberman y Di Cianni, quienes tenían en su poder el DNI y una tarjeta de débito de Picciuto. Para los jueces, la fiscalía no investigó lo suficiente esos elementos ni las relaciones entre los ocupantes de la vivienda.
La absolución de Salomón lo dejó en libertad después de más de dos años detenido. Según personas de su entorno, se trasladó a Buenos Aires para intentar recomenzar su vida.
