La comisión investigadora del fentanilo contaminado concluyó este martes su trabajo en la Cámara de Diputados y dejó un mensaje claro: las fallas del sistema sanitario fueron graves y el Gobierno no dio respuestas. Los legisladores aprobaron un documento con recomendaciones para futuras leyes y volvieron a pedir explicaciones a los funcionarios de Javier Milei, que nunca se presentaron.
El informe, de más de 4.000 fojas, buscó un consenso político amplio y evitó acusaciones directas, pero dejó instalada una crítica transversal: hubo fallas de control del Estado. “Queremos que cambie para siempre el sistema de control y producción de medicamentos”, señaló la presidenta de la comisión, Mónica Fein. Su colega Silvana Giudici agregó: “Fallaron los controles y los mecanismos de asistencia a las víctimas”.
Victoria Tolosa Paz fue más contundente. Habló de “la masacre del fentanilo” y advirtió que hubo “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La comisión insistió en que, pese a las reiteradas convocatorias, el ministro de Salud, Mario Lugones, no se presentó. Tampoco lo hizo la titular de ANMAT, Agustina Bisio. Ambos quedaron en el centro del reclamo.
Durante los dos meses de funcionamiento, el cuerpo realizó diez reuniones con médicos, biotecnólogos, farmacéuticos, representantes de laboratorios, familiares de víctimas y el Observatorio de Víctimas. También mantuvo un encuentro con el juez federal Ernesto Kreplak, que investiga la causa, y con familias en Rosario.
El documento final incorpora propuestas centrales de los familiares: una ley integral de trazabilidad digital para medicamentos de alto riesgo, registro individual de cada ampolla, notificación electrónica en tiempo real, sanciones para laboratorios o clínicas que oculten información, fortalecimiento de la ANMAT y un sistema nacional de alerta inmediata. También recomienda digitalizar y centralizar la información sanitaria y unificar las historias clínicas electrónicas.
La comisión enumeró además datos clave de la investigación judicial. El Cuerpo Médico Forense analizó 40 historias clínicas de fallecidos y detectó infecciones bacterianas asociadas al anestésico adulterado en 38 casos. Ese lote provenía de Laboratorios Ramallo SA y HLB Pharma Group SA, cuya producción estaba prohibida por la ANMAT siete meses antes.
El cierre del trabajo legislativo coincidió con una nueva ronda de allanamientos del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, que terminó con la incautación de más de 82 mil ampollas adulteradas en cuatro provincias.
A pesar de la magnitud del escándalo y del pedido reiterado de los diputados, los funcionarios del Gobierno no dieron explicaciones. Y la comisión, que deja un informe con propuestas de fondo para reformar el sistema sanitario, terminó con una frase que resume la tensión política: “Los funcionarios no aparecieron”.