Milei aprovecha el nuevo Congreso y devuelve 100 mil millones a un área polémica

El gobierno de Javier Milei amplió por decreto el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 26.000 millones de pesos, en lo que constituye la cuarta ampliación presupuestaria del año. Con este refuerzo, el área vuelve a superar los 100.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los pocos sectores del Estado que escapan al ajuste general.

De acuerdo con estudios del CEPA, la SIDE es una de las áreas protegidas de la motosierra fiscal. En el Presupuesto 2026, el Gobierno garantizó incrementos por encima de la inflación proyectada del 10,1%, lo que supone una expansión real de recursos. Según el proyecto presentado en septiembre, la Secretaría de Inteligencia tendrá un crecimiento nominal del 20,1%, pasando a manejar alrededor de 97.000 millones de pesos, cifra que podría crecer aún más si se repiten los refuerzos por decreto. El desglose del presupuesto incluye 56.000 millones en personal, 2.637 millones en bienes de consumo, 28.592 millones para servicios no personales y 9.719 millones en bienes de uso.

El organismo conducido formalmente por Sergio Neiffert, pero operado políticamente bajo la influencia de Santiago Caputo, fue protagonista de uno de los mayores escándalos financieros de 2024. En julio de ese año, Milei asignó por decreto 100.000 millones adicionales para gastos reservados, de los cuales más de la mitad fue ejecutada en pocas semanas. Ese refuerzo se sumó a otros 36.000 millones autorizados previamente, llevando el presupuesto total de la SIDE para 2024 a cerca de 136.000 millones, un incremento del 778% interanual. Además, la proporción de gastos reservados escaló del 8,6% al 75% del total, aunque este año volvió a niveles cercanos al 20%.

La maniobra derivó en un hecho inédito: ambas cámaras del Congreso rechazaron el DNU que otorgaba esos fondos, en un proceso que se extendió entre agosto y septiembre de 2024. Ese rechazo obligó a Milei a retroceder mediante otro decreto (el DNU 656/2024), restituyendo los 100.000 millones asignados. Sin embargo, con la nueva correlación de fuerzas tras las elecciones legislativas de 2025, el oficialismo no espera nuevas trabas a la expansión de los recursos destinados a inteligencia.

Esta excepción contrasta con el ajuste aplicado en otras áreas del Estado, donde los recortes fueron severos. Durante 2024 y 2025 el Gobierno redujo de manera drástica los presupuestos de salud, educación, obra pública, cultura y transporte, paralizando proyectos en marcha y generando tensiones con provincias e intendentes. El recorte de transferencias para infraestructura dejó frenadas obras viales, sanitarias y escolares en todo el país. También se eliminaron subsidios al transporte y se redujeron fondos para seguridad interior, ciencia y programas sociales, lo que derivó en reclamos judiciales y políticos de los gobiernos provinciales.

En este contexto de austeridad, el sostenido incremento de recursos en la SIDE aparece como una señal política del Gobierno libertario, que considera a los organismos de inteligencia como áreas estratégicas para su proyecto y cuya expansión presupuestaria busca blindar con el respaldo del nuevo Congreso.