La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso en marcha el procedimiento formal para que el Estado recupere el dinero y los bienes decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín, condenados por la denominada "ruta del dinero K".
Se trata de más de USD 60 millones, además de propiedades y activos subastados durante el proceso judicial.
Báez, empresario santacruceño y exsocio comercial de la familia Kirchner, fue el protagonista central del mayor caso de lavado de dinero de la última década.
En abril de 2021, el Tribunal Oral Federal Nº4 lo condenó a 12 años de prisión por lavado de activos agravado, en una investigación que documentó maniobras financieras, blanqueo a través de sociedades pantalla y operaciones bancarias en el exterior por más de USD 55 millones.
Ese fallo también alcanzó a sus hijos, entre ellos Martín Báez, quien recibió una condena de 9 años, y confirmó el decomiso de fondos encontrados en cuentas del exterior, propiedades y bienes registrados a nombre del clan familiar.
En 2023, la Cámara Federal de Casación dejó firmes los decomisos, y el 29 de mayo de 2025 la Corte Suprema cerró definitivamente el caso al rechazar las últimas apelaciones.
A través de un oficio firmado por Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, la Corte notificó al juez del TOF 4, Néstor Costabel, que ya se dispuso:
El detalle financiero que figura en la sentencia del TOF incluye:
En total: USD 61.130.860,86, más unos $4,17 millones actualizables por el índice de precios del INDEC.
El proceso de ejecución de los decomisos coincidió con la creación -mediante el Decreto 575/2025- del Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia. La medida colocaba bajo supervisión del Poder Ejecutivo los bienes provenientes de delitos federales, lo que generó un conflicto institucional inmediato.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) denunció que el decreto afectaba la autonomía del Poder Judicial y las facultades de la Corte para administrar los bienes incautados en causas penales. En octubre, el juez contencioso administrativo Pablo Cayssials frenó la implementación del decreto al considerar que:
Ese antecedente reforzó el camino para que el máximo tribunal retomara el control de la ejecución de los decomisos en el caso Báez y avanzara con la inscripción y transferencia de los bienes al Estado.
Con la decisión de la Corte, se activa la etapa final de un expediente que marcó la agenda judicial y política de los últimos años. El dinero y los bienes que alguna vez orbitaban en torno al grupo empresarial de Báez -y que la Justicia identificó como producto de maniobras de lavado- comenzarán ahora a ingresar formalmente al patrimonio estatal.