07/12/2025 - Edición Nº1034

Internacionales

Represión estructural

El Helicoide y las causas Tudares-Godoy: cómo funciona el nuevo mecanismo de presión en Venezuela

03/12/2025 | Los casos de Rafael Tudares y Ángel Godoy revelan un mecanismo de intimidación que busca fracturar redes opositoras a través de detenciones arbitrarias y procesos opacos.

El Helicoide.
Rosario Castagnet

Las detenciones de allegados a figuras opositoras han adquirido una centralidad inesperada en la crisis venezolana. La posible condena de Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, junto con la desaparición forzada de Ángel Godoy, se inscriben en una secuencia creciente de operaciones policiales que minan la cohesión interna de los movimientos críticos al Gobierno. A falta de información oficial, los testimonios de familiares y abogados describen un sistema que combina aislamiento, opacidad y uso expansivo de cargos como terrorismo, lo que refuerza la percepción de un método dirigido a quebrar la voluntad política de sus entornos.

Ambos episodios proyectan un clima en el que la arbitrariedad sustituye las garantías mínimas de un proceso judicial. En el caso de Tudares, la ausencia de acceso al expediente y la realización de un juicio clandestino acentúan la gravedad del procedimiento. En el de Godoy, las horas iniciales sin paradero conocido y la intervención de agentes encapuchados delinean una práctica de desaparición forzada institucionalizada. La coincidencia temporal entre estos hechos y la tensión postelectoral añade un componente político que resulta imposible soslayar.

Venezuela


Venezuela es un país en la costa norte de América del Sur con diversas atracciones naturales. A lo largo de su costa caribeña se encuentran islas turísticas tropicales, como la Isla de Margarita y el archipiélago de Los Roques. Al noroeste se encuentran las montañas de los Andes y la ciudad colonial de Mérida, una base para visitar el Parque Nacional de Sierra Nevada. Caracas, la capital, está al norte.

Patrón de hostigamiento

La lectura comparada de ambos casos permite identificar un entramado operacional que trasciende los nombres propios. Las detenciones irregulares, la imputación automática de delitos severos y la inexistencia de mecanismos de defensa efectivos configuran una estructura que opera con autonomía respecto a los estándares judiciales. La falta de pruebas públicas y el carácter hermético de los procesos generan un contexto donde la presunción de inocencia se diluye, reforzando dinámicas de control social que afectan a círculos familiares y comunitarios.

El impacto del patrón observado se amplifica por la posición simbólica de las víctimas dentro de la oposición. Tudares, estrechamente vinculado al núcleo político que cuestionó los resultados de 2024, y Godoy, miembro de redes locales de activismo, representan puntos de conexión entre distintos niveles de organización ciudadana. Su neutralización judicial no solo restringe libertades individuales, sino que también envía un mensaje disciplinario a quienes sostienen la estructura cotidiana de la disidencia. La recurrencia de estas prácticas confirma su función como herramienta de intimidación y desgaste permanente.

Consecuencias para la oposición y el entorno internacional

El cierre institucional hacia estos hechos limita la capacidad de respuesta interna y desplaza la discusión hacia organismos multilaterales y plataformas de derechos humanos. Sin una vía doméstica confiable para impugnar detenciones arbitrarias, la oposición queda obligada a depender de canales externos que, si bien visibilizan las violaciones, avanzan con ritmos y herramientas que difícilmente inciden en el corto plazo. Este desfasaje alimenta la sensación de vulnerabilidad estructural que permea a familias, líderes y militantes.

A nivel internacional, la reiteración de estos patrones complica los esfuerzos diplomáticos orientados a reconstruir garantías políticas en Venezuela. Los casos de Tudares y Godoy se convierten en referencias obligadas en informes sobre desapariciones forzadas y procesos sin debido resguardo judicial, erosionando la credibilidad institucional del país ante socios regionales. En paralelo, consolidan la idea de un sistema que utiliza el aparato de seguridad como instrumento central para inhibir contestación política, con costos que se proyectan más allá del presente escenario.

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