La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, renunció este miércoles a asumir su banca como senadora nacional por Río Negro luego de que la oposición en el Senado impidiera su incorporación por sus supuestos vínculos con una causa de narcotráfico en Estados Unidos. Su decisión, comunicada al presidente Javier Milei mediante una carta publicada en la red social X, expresó que ningún cargo “vale más que la oportunidad histórica de que la Argentina rompa definitivamente con el fracaso estructural”.
La controversia estalló a raíz de acusaciones vinculadas a una condena -levantada posteriormente- en Estados Unidos por narcotráfico, lo que generó cuestionamientos sobre su “habilidad moral” para desempeñar un cargo como senadora. Ante esa presión política y la carencia de apoyos suficientes en la Cámara alta, su pliego fue devuelto a la comisión de Asuntos Constitucionales y, finalmente, decidió suspender su asunción.
Luego de anunciar su renuncia al Senado, Villaverde dio marcha atrás con su dimisión en la Cámara de Diputados y decidió continuar como diputada nacional, cargo que ejerce desde 2023, al menos hasta que se resuelva su situación.
Señor Presidente:
— Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) December 3, 2025
Me dirijo a usted con el respeto y la convicción profunda que me trajeron a la vida pública: la defensa irrestricta de la libertad, el apego absoluto a nuestra Constitución Nacional y el compromiso inquebrantable con el proyecto de transformación que usted… pic.twitter.com/CfdDmIQNNv
En su defensa, sostuvo que la causa judicial en su contra fue cerrada en 2017, y que no tiene causas vigentes, calificando las imputaciones como “causas armadas” y denunciando un ensañamiento hacia su figura.
El episodio encendió un debate sobre la legitimidad institucional, la revisión de antecedentes penales y el control de los requisitos morales para ocupar cargos públicos: críticos argumentan que su pasado la inhabilita para ser senadora, mientras que sus defensores aseguran que ya fue sobreseída y que debe respetarse la voluntad popular.
La acusación que complica a Villaverde tiene su origen en una causa de narcotráfico en los Estados Unidos: en 2002 fue detenida en Sarasota (Florida) acusada de tráfico de cocaína. En ese momento enfrentó un proceso penal, la causa se cerró en 2017: la Fiscalía federal del estado desistió de continuar la acusación tras años de inactividad.
Pese a ese sobreseimiento, las acusaciones volvieron a hacerse públicas este año. Legisladores de la oposición cuestionaron su “idoneidad moral” para asumir como senadora nacional por Río Negro. Argumentan que sus antecedentes en Estados Unidos -y su detención por narcotráfico- representan un impedimento ético y político, más allá del cierre judicial.
Villaverde rechazó esas acusaciones, aseguró que fue sobreseída “en todas las causas, tanto en Argentina como en EE.UU.”, y denunció que se trata de “una operación mediática” para impedir su ingreso al Senado. Además, sostuvo que legal y reglamentariamente no hay impedimento real para su asunción, y que la Constitución habilita su ingreso si no pesa una condena firme.
En los hechos, esa controversia provocó que su nombramiento como senadora quedara trabado: su diploma fue enviado a comisión, la oposición impugnó su pliego y finalmente Villaverde decidió mantenerse como diputada nacional, al menos por ahora, hasta que se resuelva la disputa. El caso generó un intenso debate público sobre moralidad, antecedentes judiciales y los límites de la representación política.
TM