Triste recuerdo en Córdoba: ¿por qué es un día oscuro para Alejandra Monteoliva?

Este 3 y 4 de diciembre se cumplen doce años del acuartelamiento policial de Córdoba, una de las crisis de seguridad más profundas que atravesó la provincia desde el retorno democrático. Más de 30 horas sin patrullaje, saqueos masivos, cientos de heridos, dos muertos y un sistema político que reaccionó tarde configuraron una noche que quedó grabada en la memoria colectiva.

El aniversario coincide con un hecho político clave: la llegada de Alejandra Monteoliva al Ministerio de Seguridad de la Nación, una figura directamente atravesada por aquella jornada que en 2013 la dejó fuera del gabinete provincial.

Los reclamos previos y un conflicto que el Gobierno no supo desactivar

Los pedidos de mejoras salariales habían comenzado en noviembre de 2013 y estaban encabezados por esposas y familiares de policías, ante la prohibición de sindicalización vigente por ley. Las protestas se repetían frente a la Jefatura de Policía, pero no lograron respuestas oficiales.

El 3 de diciembre, horas después de que el gobernador José Manuel de la Sota viajara rumbo a Colombia, el Comando de Acción Preventiva (CAP) dejó de patrullar. Los móviles fueron guardados y miles de uniformados se concentraron en la calle Celso Barrios, acompañados por sus familias.

En ese escenario surgió el abogado Miguel Ortiz Pellegrini como mediador entre los policías y el Gobierno provincial. Su intervención derivó en un documento de 14 puntos, que incluía un aumento salarial del 30% y garantías de no sanción. Sin embargo, De la Sota se encontraba fuera del país y la negociación se estancó.

La noche del caos: saqueos, violencia y una ciudad indefensa

Cuando cayó la noche del 3 de diciembre, Córdoba quedó a la deriva. Sin policías en las calles, comenzaron saqueos masivos, ataques a comercios y escenas de violencia en distintos barrios. Vidrieras rotas, negocios arrasados, vecinos armados defendiendo sus casas y una sensación generalizada de desprotección marcaron la jornada.

Las zonas comerciales de Villa Libertador, las avenidas Colón, Fuerza Aérea y Donato Álvarez, además de barrios como San Vicente e Ituzaingó, fueron algunos de los puntos más afectados. Más de 450 comercios fueron saqueados y hubo decenas de intentos frustrados.

La provincia intentó pedir fuerzas federales, pero la respuesta de Nación nunca llegó. Ese episodio profundizó la ruptura política entre el delasotismo y el kirchnerismo.

El saldo final fue devastador: dos muertos, cientos de heridos, episodios de linchamientos y una ciudad paralizada. Ninguna de esas muertes llegó a tener responsables ante la Justicia.

El retorno de De la Sota y el final del motín

De la Sota regresó de urgencia en la madrugada del 4 de diciembre. Al mediodía, el Gobierno anunció un acuerdo con los policías acuartelados y la fuerza volvió a patrullar. Se otorgó un incremento salarial del 30% (otros cálculos hablaban del 50%) y se prometió que no habría sanciones, promesa que luego no se sostuvo.

El impacto institucional fue inmediato: el jefe de la fuerza, César Almada, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dejaron sus cargos en los días siguientes.

Juicios, condenas y una herida que sigue abierta

Años después, la Justicia provincial llevó a juicio a 56 policías acusados de promover el acuartelamiento: 52 recibieron penas menores de prisión en suspenso. Los saqueos, las muertes y los responsables de la violencia nunca fueron juzgados.

En paralelo, la Justicia Federal investigó a figuras del Gobierno nacional por no enviar Gendarmería -entre ellos Jorge Capitanich, Sergio Berni y Cecilia Rodríguez-, pero todos fueron sobreseídos en 2021 al no acreditarse un pedido formal de auxilio por parte de Córdoba.

La ola de protestas policiales se expandió y alcanzó a casi todas las provincias del país, con un saldo nacional de 10 muertos y más de 1.800 comercios afectados.

Alejandra Monteoliva, del desplazamiento al centro del poder nacional

En 2013, Monteoliva había llegado como una apuesta fuerte del delasotismo: primera mujer a cargo de la Seguridad provincial, con casi dos décadas de experiencia en Colombia y formación en crimen organizado. Pero heredó una fuerza fragmentada, atravesada por internas, el reciente “narcoescándalo” y un clima de malestar que el Gobierno no supo contener.

Tras el acuartelamiento, fue señalada como una de las responsables políticas de la falta de anticipación y debió dejar su cargo apenas 88 días después de asumir.

Hoy, doce años más tarde, Monteoliva vuelve al primer plano nacional como ministra de Seguridad de Javier Milei, una designación que coincide simbólicamente con el aniversario del hecho que marcó su salida en 2013.

Un aniversario con eco político

El acuartelamiento policial en Córdoba sigue siendo una de las crisis de seguridad más estudiadas del país. Expuso fallas estructurales, tensiones laborales no atendidas y la fragilidad de los sistemas provinciales cuando la policía deja de funcionar.

Doce años después, mientras Monteoliva asume un rol clave en el Gabinete, la sombra del 2013 vuelve a recordarle al país que un conflicto salarial mal gestionado puede desencadenar, otra vez, una noche donde una provincia quede sola frente al caos.