India revoca obligación de app estatal en celulares tras críticas por privacidad

India dio marcha atrás con una de sus medidas tecnológicas más discutidas del año. Tras una ola de cuestionamientos políticos, técnicos y sociales, el gobierno decidió anular la obligación de que todos los smartphones nuevos incluyeran una aplicación estatal preinstalada destinada a combatir delitos digitales. La disposición, anunciada originalmente a fines de noviembre, había generado un fuerte rechazo por considerarse intrusiva y por imponer una herramienta irreversible dentro de los dispositivos de millones de usuarios.

La aplicación en cuestión, conocida como Sanchar Saathi, fue creada para enfrentar un fenómeno que se volvió crítico en el país: el aumento del robo de teléfonos, la reutilización fraudulenta de dispositivos y la proliferación de conexiones móviles abiertas con documentación falsa. Para combatir esas prácticas, el Ministerio de Comunicaciones desarrolló un sistema unificado que permitía a cualquier persona bloquear su celular perdido, rastrear su ubicación, verificar su identidad mediante el número IMEI y reportar líneas irregulares que operaran con datos adulterados.

Las compañías globales manifestaron preocupaciones técnicas y cuestionaron la imposición de software externo en sus dispositivos.

La plataforma se volvió especialmente relevante por su impacto inmediato. Según cifras oficiales, Sanchar Saathi ya había permitido recuperar más de setecientos mil teléfonos extraviados, incluidos cincuenta mil en apenas un mes. Además, logró bloquear o desactivar más de treinta millones de conexiones irregulares en la red, lo que evidenció la magnitud del problema y la capacidad del sistema para frenarlo. Estos resultados fueron inicialmente utilizados para justificar la obligatoriedad de la aplicación en todos los dispositivos nuevos.

Sin embargo, la orden encontró resistencia desde múltiples sectores. Grupos defensores de la privacidad digital advirtieron que obligar a los usuarios a mantener instalada una herramienta estatal sin posibilidad de eliminarla atacaba la libertad de elección y abría interrogantes sobre el control que el gobierno podría ejercer sobre los dispositivos personales. La preocupación no se limitaba al potencial acceso a información sino también al precedente que podría establecerse en materia de vigilancia tecnológica.

La oposición política también se sumó al rechazo al sostener que la medida vulneraba derechos básicos y que no había garantías claras sobre el manejo de datos. Además, varias marcas internacionales expresaron reparos. Entre ellas se destacó Apple, que históricamente evita incluir aplicaciones de terceros antes de la venta y que había manifestado dificultades para adaptar sus protocolos de seguridad a una herramienta externa impuesta por una autoridad estatal. Otras compañías señalaron desafíos técnicos y de compatibilidad que podían afectar la experiencia del usuario.

El principal partido opositor presionó al gobierno para revertir la medida al considerar que afectaba libertades fundamentales.

Frente a la presión acumulada, el gobierno anunció finalmente que la obligatoriedad quedaba sin efecto. En su nuevo comunicado, sostuvo que la aplicación seguiría disponible de manera voluntaria y que su creciente adopción hacía innecesaria cualquier imposición. Al mismo tiempo, insistió en que la herramienta continuaría siendo una pieza fundamental de la política nacional de ciberseguridad, pero que sería el usuario quien decidiría instalarla.

La revocación de la medida dejó a la vista un debate más amplio sobre la relación entre seguridad, privacidad y tecnología en un país con más de mil millones de líneas móviles activas. Por un lado, la lucha contra el fraude telefónico es un desafío real y masivo. Por otro, el equilibrio entre protección y autonomía digital se vuelve cada vez más delicado. El episodio muestra cómo una política diseñada para reforzar la seguridad puede transformarse en un conflicto social y político cuando no contempla el consentimiento del usuario ni resguarda suficientemente los derechos individuales.

India continuará utilizando Sanchar Saathi como herramienta pública, pero ahora deberá hacerlo desde un enfoque distinto. La clave será demostrar su utilidad sin imponerla, generar confianza en los ciudadanos y garantizar que la protección digital no avance a costa de las libertades que busca preservar.