Diego Santilli continúa con su ronda de contactos como flamante ministro del Interior y este jueves tiene agenda de alto voltaje político, en Casa Rosada. Allí recibirá a Jorge Macri, que llevará a la reunión el reclamo de la Ciudad por la coparticipación sin advertir movimientos concretos del Gobierno nacional para destrabar los fondos retenidos.
A la reunión también se sumará el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo que le dará a la foto un peso simbólico adicional. No solo se trata de tres dirigentes que compartieron armado político durante años, sino de un reencuentro en plena negociación por el Presupuesto 2026 y en un clima de desconfianza creciente. Desde Interior aseguran que buscan completar la agenda con todos los gobernadores; desde CABA, en cambio, observan con inquietud la falta de señales.
Un alto funcionario del gobierno porteño reconoció que las conversaciones “no se movieron un centímetro”, incluso después del segundo encuentro técnico entre los equipos económicos de ambas jurisdicciones. Ese diálogo es heredero directo de la reunión que semanas atrás mantuvo Macri con el ministro de Economía, Luis Caputo. Por parte de Nación, la interlocutora volvió a ser Valeria Sánchez; por la Ciudad, el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo.
El reclamo de Macri es doble: que Nación salde la deuda acumulada que asciende a $274.000 millones y que el Presupuesto del año próximo incluya una cláusula que garantice la continuidad del goteo semanal equivalente al 1,55% de la masa coparticipable, mecanismo establecido para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. A partir de agosto, sin embargo, esos envíos comenzaron a demorarse, encendiendo otra vez la disputa.
La presión también sube en el Congreso. Legisladores del PRO llevaron la pulseada al debate del Presupuesto nacional, que llegará a extraordinarias. En un escenario de tensiones crecientes con La Libertad Avanza, el sector que conduce Cristian Ritondo trabaja en un interbloque con parte de la UCR, el MID y Coherencia para recuperar volumen propio, especialmente después de la sangría interna que sufrió el PRO.
El trasfondo es más profundo. CABA reclama desde 2020 la restitución del 3,5% de coparticipación que recibía hasta que el gobierno de Alberto Fernández recortó el porcentaje al 1,4% por decreto para asistir a la Provincia de Buenos Aires tras la crisis policial. Para la administración porteña, aquella decisión fue inconstitucional y provocó un agujero de USD 6.000 millones, además de un recorte anual cercano a $35.000 millones.
Esa medida derivó en la demanda ante la Corte Suprema presentada por Horacio Rodríguez Larreta. En diciembre de 2022, el tribunal falló a favor de la Ciudad y dispuso restituir el 2,95% de manera provisoria. La Casa Rosada respondió con pagos en bonos, lo que abrió un nuevo frente de conflicto. Hasta hoy, la deuda permanece sin resolver y la negociación política vuelve a estancarse en los mismos puntos.
GZ