Con la mira puesta en el período de sesiones extraordinarias, el Gobierno comenzó a trabajar en una eventual convocatoria a los jefes de bloque que acompañan al oficialismo, con el objetivo de agilizar el debate parlamentario del Presupuesto 2026 y de las reformas clave que la Casa Rosada quiere tratar en diciembre y febrero.
La iniciativa se discute en distintos despachos oficiales, donde gana fuerza la idea de reunir a los aliados para ordenar la estrategia legislativa diseñada por la mesa política que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El vínculo operativo con el Congreso está en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; de la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y del ministro del Interior, Diego Santilli, quienes concentran las conversaciones previas a la apertura del ciclo extraordinario, fijado para el 10 de diciembre y con extensión prevista hasta fin de mes, con la posibilidad de retomarlo en febrero.
En el esquema del oficialismo, la prioridad inmediata recae en el Presupuesto 2026 y en la reforma laboral, cuyo texto estaría prácticamente concluido y en etapa de revisión técnica. También figuran en la agenda la reforma del Código Penal, cambios tributarios y la modificación de la Ley de Glaciares.
La búsqueda de consensos abarca tanto a la Cámara baja como al Senado. Bullrich ya inició sondeos entre los bloques que podrían acompañar las reformas, mientras que Menem deberá replicar esa dinámica luego de haber consolidado la primera minoría con 95 diputados.
De manera paralela, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, sostienen contactos con los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo para garantizar respaldo político. La intención del Ejecutivo es avanzar con las reformas de “segunda generación” impulsadas por el presidente Javier Milei y asegurarse los votos necesarios para convertirlas en ley.
En la narrativa del oficialismo, las llamadas “reformas de primera generación” fueron aquellas incluidas en el paquete inicial con el que La Libertad Avanza inició su gestión: desregulación económica, reducción del gasto público, reformas administrativas del Estado y cambios normativos destinados a “liberar fuerzas productivas” sin pasar necesariamente por una reestructuración profunda del andamiaje jurídico. Ese conjunto, que incluyó el mega DNU y la primera Ley Bases, apuntó a modificar los cimientos regulatorios, achicar el Estado y sentar lo que el Gobierno definió como “las condiciones mínimas” para estabilizar la economía en el corto plazo.
En cambio, las “reformas de segunda generación” se presentan como el verdadero corazón del proyecto político de Javier Milei. En esta etapa ubican medidas de impacto estructural y de largo plazo: la reforma laboral, la penal, la tributaria, cambios en el régimen electoral y en la organización del Estado, además de leyes sectoriales que requieren consensos más amplios en el Congreso. A diferencia de la primera oleada -más unilateral y de urgencia-, esta segunda fase demanda acuerdos parlamentarios estables y la articulación con gobernadores y bloques aliados, razón por la cual la Casa Rosada comenzó a desplegar una estrategia más política para garantizar la aprobación de estos proyectos.
GZ