Impunidad
07/12/2025 - Edición Nº1034
Judiciales
Córdoba
Abren juicio político a tres fiscales del caso Dalmasso: el jury se realizará en marzo
04/12/2025 | El Jurado de Enjuiciamiento resolvió por unanimidad iniciar el proceso contra Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por presunto mal desempeño y negligencia grave en la investigación del femicidio de Nora Dalmasso.
El Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba resolvió este jueves, por unanimidad, abrir el juicio político contra los tres fiscales que intervinieron en distintos momentos en la investigación por el femicidio de Nora Dalmasso: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Se trata del primer jury múltiple en la historia judicial de la provincia, una medida que da cuenta del peso institucional del caso y de las irregularidades señaladas en el proceso.
La decisión fue adoptada por el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi -quien lo preside-, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert, y por la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti. Según explicó Rinaldi al medio Puntal, este viernes será notificado el Ministerio Público Fiscal, que deberá avanzar con la acusación formal.
El fiscal general Juan Manuel Delgado contará con 30 días hábiles para formular la acusación contra los tres funcionarios. Luego, las defensas de los fiscales acusados dispondrán de 10 días hábiles para presentar sus descargos. “No fue una decisión compleja”, señaló la legisladora, al indicar que cada integrante del jurado llegó a la audiencia con una postura previamente evaluada.
La Ley 7.956, que regula el funcionamiento del jury, habilita un proceso conjunto únicamente cuando existe “conexión de hechos”. En este caso, el jurado consideró acreditado ese vínculo entre las actuaciones de los tres fiscales en la extensa investigación por el crimen ocurrido en Río Cuarto en noviembre de 2006.
La apertura del juicio político se enmarca en el artículo 154 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que establece que magistrados y funcionarios judiciales “conservan sus cargos mientras dure su buena conducta” y solo pueden ser removidos por “mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica”. La misma norma les otorga inmunidad de arresto, equivalente a la de los legisladores.
