La estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para reactivar la economía mexicana se apoya en un acuerdo con figuras empresariales de alto calibre, encabezadas por Carlos Slim y Bernardo Gómez. La creación del nuevo Consejo del Sector Privado pretende restaurar el diálogo y acelerar inversiones en infraestructura, energía y servicios en un contexto marcado por el retroceso de la actividad económica. El Ejecutivo busca dar una señal de apertura tras años de tensiones acumuladas entre Gobierno e iniciativa privada.
El llamado ocurre mientras la inversión fija bruta registra caídas sostenidas, la industria pierde dinamismo y el país enfrenta presiones externas como la revisión del TMEC en 2026. Las autoridades aspiran a que una mayor interlocución con el sector empresarial reduzca la desconfianza y habilite proyectos estratégicos del Plan México, que aspira a movilizar cientos de miles de millones de dólares en distintos sectores. Sin embargo, la brecha entre las intenciones oficiales y la percepción corporativa aún persiste.
Las principales cámaras empresariales reconocen la necesidad de un mecanismo de cooperación, pero mantienen reservas frente a los efectos de reformas que, según sus análisis, han debilitado la seguridad jurídica. La reforma judicial, los cambios en organismos autónomos y ciertas modificaciones regulatorias han creado un clima de incertidumbre que ralentiza la toma de decisiones y eleva el costo de comprometer capital a largo plazo. En ese entorno, incluso proyectos atractivos requieren garantías adicionales para avanzar.
Los compromisos anunciados por el Gobierno buscan disipar temores mediante una ley específica para inversiones en infraestructura, que establecería reglas más claras para la colaboración público-privada. Aunque la propuesta pretende consolidar un marco estable, las empresas señalan que cualquier legislación será insuficiente si no se acompaña de señales consistentes en materia de independencia institucional y respeto a contratos. La distancia entre discurso y práctica es, para muchos, la variable crítica que aún impide una mayor movilización de recursos.
Dos buenas noticias para el pueblo de México: el aumento al salario mínimo para 2026, que significa 154 por ciento de incremento al poder adquisitivo; alcanzará para dos canastas básicas.
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 4, 2025
También informamos la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas durante el… pic.twitter.com/XQwtguKXd4
Si el Ejecutivo logra traducir sus acercamientos en un entorno regulatorio más previsible, México podría revertir la caída inversora y aprovechar su posición estratégica en la región, especialmente ante el reordenamiento global de cadenas de suministro. El respaldo de actores como Slim o Gómez daría volumen político y operativo a proyectos que requieren coordinación compleja y financiamiento robusto. La oportunidad existe, pero depende de decisiones que fortalezcan la credibilidad institucional.
En 2026, el salario mínimo general aumenta a 315.04 pesos diarios, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte se incrementa a 440.87 pesos.
— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 4, 2025
La prosperidad compartida sólo es posible si llega a los que menos tienen. Por el bien de todos, primero los pobres. pic.twitter.com/t2gJBYV1LU
Un escenario menos favorable implicaría que la incertidumbre persista y los anuncios queden desdibujados frente a dudas sobre la capacidad real del Gobierno para garantizar estabilidad. En ese caso, el Consejo del Sector Privado correría el riesgo de convertirse en un mecanismo consultivo sin impacto estructural. La tensión entre voluntad política y fragilidad institucional será, en última instancia, el factor que determine la profundidad del ciclo inversor que Sheinbaum aspira a inaugurar.