La polémica propuesta de una diputada que calienta la reforma laboral

Un nuevo proyecto presentado en la Cámara de Diputados reavivó el debate sobre el futuro de la legislación laboral en la Argentina. La iniciativa, impulsada por la diputada Verónica Razzini -que recientemente se incorporó al bloque de La Libertad Avanza- propone crear un marco legal integral para regular el derecho de huelga, estableciendo criterios estrictos sobre quién puede convocarla y bajo qué condiciones.

La legisladora sostiene que hoy existe un “vacío legal” que genera conflictos permanentes entre trabajadores, empleadores y el Estado, y que es necesario ordenar el ejercicio de la huelga para garantizar la actividad productiva. Razzini, expresidenta del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), llega al Congreso con una agenda ligada a frenar bloqueos, piquetes y medidas de fuerza que considera abusivas.

Un proyecto que redefine quién puede llamar a una huelga

La iniciativa limita la convocatoria de la huelga a los sindicatos con personería gremial. En caso de que no la haya, podrá hacerlo un gremio simplemente inscripto, pero solo si demuestra representación mayoritaria y siguiendo un procedimiento de verificación oficial.

Además, exige que toda huelga sea votada en una asamblea convocada especialmente y con al menos tres días de anticipación. Si ese requisito no se cumple, la medida es considerada nula y habilita al empleador a aplicar sanciones y a iniciar acciones legales por daños y perjuicios.

El texto también impone un preaviso obligatorio de siete días hábiles, dirigido tanto al empleador como a la autoridad de aplicación, detallando motivos, alcance y modalidad. Recibida la notificación, la autoridad deberá iniciar un período de conciliación obligatoria de diez días hábiles, durante el cual ninguna de las partes puede escalar el conflicto.

El proyecto fija que cualquier medida que incumpla estos pasos será considerada ilegítima, lo que permite al empleador sancionar incluso con la extinción del contrato de trabajo.

Qué acciones serían consideradas ilícitas

Una parte central del proyecto es la definición de conductas que no serán reconocidas como huelga legítima. Entre ellas figuran:

• Ocupaciones de establecimientos.
• Bloqueos o piquetes.
• Huelgas sorpresivas o rotativas.
• Trabajo a reglamento o quites de colaboración.
• Trabajo a desgano.
• Acciones que alteren parcial o irregularmente la prestación laboral.
• Actos de violencia, intimidación o daños.

El texto señala que el ejercicio de la huelga no suspende el contrato de trabajo: los trabajadores no cobrarán salario durante la medida, aun cuando la protesta sea considerada procedente.

Servicios esenciales y actividades “trascendentales”

En los servicios esenciales -salud, seguridad o actividades cuyo freno ponga en riesgo a la población- la huelga no podrá interrumpir totalmente la actividad. Se deben garantizar al menos el 75% de las prestaciones habituales.

En servicios de “importancia trascendental”, como educación, transporte, telecomunicaciones y banca, se deberá asegurar un funcionamiento mínimo del 50%.

Este enfoque se alinea con el DNU 70/2023 y con el nuevo proyecto de reforma laboral del Gobierno, hoy bajo análisis y a la espera de debate parlamentario.

Asambleas internas y sanciones

El proyecto también regula las asambleas dentro de los lugares de trabajo. Podrán realizarse solo con autorización previa del empleador y sin afectar la actividad. Si una asamblea interrumpe la producción o excede los límites permitidos, se considerará una medida de fuerza ilegítima.

La participación en estas acciones podrá ser sancionada como falta grave.

Fundamentos y referencias internacionales

Razzini defiende la iniciativa citando la Constitución Nacional, que asigna a los sindicatos la titularidad del derecho de huelga, y menciona fallos como Orellano c/ Correo Oficial (2016), donde la Corte Suprema declaró ilegal una huelga convocada sin aval gremial.

La diputada también recurre a experiencias internacionales: España e Italia poseen leyes que regulan la huelga con preaviso obligatorio, mecanismos de mediación y servicios mínimos garantizados.

Un contexto político cargado

El proyecto se presenta mientras el Gobierno se prepara para convocar a sesiones extraordinarias. La reforma laboral será uno de los puntos más complejos del verano legislativo: la CGT ya anticipó resistencia y analiza medidas de fuerza si no se abre una instancia formal de diálogo.

En paralelo, La Libertad Avanza busca acelerar los tiempos. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, anticipó que confía en tener los votos para avanzar con las reformas. Pero también advirtió que la discusión inicial “será la más áspera”, ya que definirá el texto final que llegue a Diputados.

En la vereda sindical, la CGT alerta por un diciembre de alta conflictividad ante la posibilidad de cambios profundos en la legislación laboral y la falta de una convocatoria oficial de la Casa Rosada para discutirlos. Si el diálogo no se habilita, evalúan llamar a su Consejo Directivo y no descartan medidas de fuerza.