Los conflictos legales del streaming pirata y una batalla que unió a toda Latinoamérica

La piratería de televisión por internet (IPTV) ha escalado a niveles sin precedentes en América Latina, siendo Magis TV el actor principal de este conflicto legal a nivel regional. Este servicio ilegal se había consolidado como la plataforma de IPTV más grande de la región por volumen, registrando la asombrosa cifra de 55 millones de visitas en los primeros seis meses de 2024 en países como Argentina, Brasil, México y Chile. La magnitud del servicio, que retransmite ilegalmente contenidos de operadores legítimos como DirecTV y Flow, encendió las alarmas de la industria y la Justicia.

Ante esta situación, la Alianza contra la Piratería Audiovisual, un consorcio que incluye a gigantes de la TV paga como DirecTV Latinoamérica y SKY Brasil, lideró una ofensiva legal que logró que la Justicia argentina ordenara el bloqueo de todos los sitios web relacionados con esta oferta pirata. Sin embargo, el desafío más grande radicó en los millones de dispositivos que ya tenían la aplicación instalada, a menudo a través de TV boxes o descargas en el sistema operativo Android. Esto llevó a una orden judicial sin precedentes dirigida directamente a Google, pidiendo que tomara medidas técnicas para desinstalar la aplicación de los dispositivos con IP en territorio argentino.

El fiscal Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen (UFEIC), explicó la complejidad de la medida: "Lo que se logró es una orden judicial inédita, que está en trámite de que Google la analice -entendemos que no se pueden negar-, que es desinstalar, mediante la actualización del sistema operativo Android, la aplicación en todos los dispositivos que impacten con IP en Argentina". Sin embargo, nada de esto parece haberse acatado realmente. A pesar de que la Justicia logró bloquear cerca de 70 sitios de descarga de Magis TV a nivel global y consiguió que Google eliminara la aplicación de su motor de búsqueda, siguieron aflorando los problemas.  

Además del bloqueo técnico, la acción judicial reveló la identidad de los responsables: los hermanos colombianos Juan Diego y José Daniel Santacruz Benavidez, creadores de la plataforma. Ambos fueron detenidos y condenados previamente a pagar multas significativas por retransmitir contenido de DirecTV (cerca de 18 mil dólares), lo que confirma que Magis TV operaba con una infraestructura propia considerable, con inversión en servidores para sostener el consumo masivo de contenido ilegal. La colaboración entre países contra este tipo de redes se ha intensificado a través de iniciativas como la Operación 404, que agrupa a naciones latinoamericanas, Reino Unido y organizaciones internacionales como la Motion Picture Association (MPA).

Más allá del impacto económico y legal para los operadores y los creadores de contenido, uno de los factores más graves para los usuarios es el riesgo de seguridad informática. La instalación de estas plataformas piratas, que a menudo se disfrazan de alternativas gratuitas o más cómodas, expone a los dispositivos y la información personal a la descarga de malware y virus. Por lo tanto, el conflicto de Magis TV no solo es una batalla por los derechos de autor, sino también una advertencia sobre la exposición a riesgos informáticos que los usuarios asumen por el supuesto ahorro económico. Una batalla que ante la proliferación de nuevas plataformas y costos cada vez más elevados, parece estar lejos de llegar a su final.