Perú afronta un momento de debilidad diplomática luego de que su propuesta para revisar los criterios del asilo diplomático recibiera un respaldo mínimo en el Consejo Permanente de la OEA. El planteamiento, impulsado por el canciller Hugo de Zela, buscaba introducir requisitos adicionales para evaluar casos donde existan condenas o investigaciones por delitos comunes. La iniciativa surgió tras la tensión bilateral con México por el asilo otorgado a Betssy Chávez, lo que elevó la sensibilidad política de la discusión y condicionó la percepción regional.
El intento peruano de presentar el proyecto como un esfuerzo técnico y no como una reacción a un caso puntual no logró persuadir a la mayoría de delegaciones. Para varios países, la reforma implicaba riesgos de convertir el asilo en una herramienta sujeta a presiones estatales, debilitando un mecanismo históricamente destinado a proteger a perseguidos políticos. Solo Ecuador y, de forma tangencial, Paraguay mostraron disposición a continuar el debate en los términos planteados.
Las reacciones evidenciaron un patrón claro: la mayoría de los Estados defendió la vigencia del asilo como una facultad soberana y discrecional, sin condicionamientos procedimentales que pudieran limitar su uso. México, Chile, Colombia, Brasil y Argentina cuestionaron que la OEA fuera el foro adecuado para revisar la Convención de Caracas de 1954, e insistieron en que la prioridad es preservar un instrumento que ha salvaguardado vidas en contextos autoritarios. Para ellos, cualquier intento de imponer obligaciones adicionales podría abrir la puerta a presiones políticas y diluir la capacidad de protección inmediata.
Incluso países que admitieron abusos ocasionales en la aplicación del asilo advirtieron que ese diagnóstico no justifica rediseñar su naturaleza jurídica. Uruguay y Estados Unidos reconocieron la necesidad de mayor transparencia, pero subrayaron que la solución no reside en restringir la potestad del Estado asilante. Esta línea reforzó la idea de que el proyecto peruano carecía de sustentos sólidos para generar una coalición regional favorable.
#NoticiasTorreTagle desde la @OEA_oficial | El canciller Hugo de Zela presentó ante el Consejo Permanente la propuesta del Perú para fortalecer la aplicación de la Convención de Caracas de 1954. La iniciativa busca asegurar decisiones objetivas y preservar la esencia del asilo… pic.twitter.com/YPjvKVJE69
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El revés diplomático deja en evidencia la dificultad de Perú para articular posiciones que conciten respaldo hemisférico en un entorno donde las tensiones bilaterales pesan más que los argumentos jurídicos. La percepción de que la iniciativa respondía al conflicto con México redujo su credibilidad y erosionó la capacidad del país para liderar una discusión estructural sobre el futuro del asilo en la región. Este aislamiento podría limitar su influencia en debates venideros dentro del sistema interamericano.
📌 El Perú presentó ante el Consejo Permanente de la @OEA_oficial una propuesta para proteger el asilo diplomático, evitando que esta figura sea usada para eludir la justicia.
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También se proyecta un desafío más profundo: la necesidad de reconstruir un clima de confianza con socios clave para evitar que disputas puntuales se transformen en fracturas diplomáticas duraderas. Si Perú aspira a impulsar reformas de alcance regional, deberá demostrar que sus propuestas no están motivadas por coyunturas domésticas, sino por el fortalecimiento institucional de mecanismos como el asilo, cuya legitimidad depende de su autonomía frente a presiones políticas.