La Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar de manera inmediata el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta (PIECAS-DP), ante la persistencia de las quemas de pastizales en la región del Delta del Paraná.
El fallo del máximo tribunal determinó que los incendios se originan principalmente en territorio de Victoria y que, pese a los acuerdos previos, no hubo avances significativos en las políticas de prevención y control.
La causa fue iniciada en 2020 por la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, que denunció los graves daños producidos por el humo y el hollín en Rosario y exigió medidas urgentes para enfrentar los focos ígneos. Las provincias y municipios involucrados presentaron descargos con acusaciones cruzadas sobre las responsabilidades.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte reiteró que el PIECAS-DP es el marco adecuado para coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios, y aclaró que el monitoreo del plan corresponde al ámbito político y no al Poder Judicial.
El Tribunal ordenó avanzar con la instalación de sistemas de alerta temprana, fortalecer la red de Faros de Conservación y aplicar planes de manejo y control del fuego en toda la zona afectada. La sentencia incluye costas para los demandados.
La quema de pastizales en el Delta del Paraná genera un impacto ambiental acumulativo que se agrava año tras año. Los incendios reiterados destruyen la biodiversidad de uno de los humedales más importantes del país, afectando especies vegetales y animales que dependen del equilibrio del ecosistema. Además, la degradación del suelo y la pérdida de cobertura vegetal alteran la capacidad natural del Delta para regular el agua, aumentar su resiliencia y prevenir inundaciones.
El humo producido por los focos ígneos se traslada hacia zonas densamente pobladas, como Rosario, generando daños directos en la salud de miles de personas. Las partículas de hollín incrementan las afecciones respiratorias, agravan cuadros preexistentes y reducen la calidad del aire durante semanas. Este fenómeno, denunciado desde hace años por organizaciones ambientales y sanitarias, evidencia que el problema va más allá de lo ecológico: afecta de manera directa la vida cotidiana y la salud pública.
La falta de políticas de prevención sostenidas y coordinadas entre Nación, provincias y municipios permitió que el daño ambiental avance sin freno. La Corte Suprema señaló precisamente esta omisión al exigir la aplicación inmediata del PIECAS-DP, un plan específico para proteger el Delta. Su ejecución integral es clave para frenar la degradación, establecer sistemas de alerta temprana y promover un uso responsable del territorio que evite la repetición de incendios intencionales o descontrolados.
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