“Cerrar la puerta giratoria”: qué trae el Código Penal más duro que propone Milei

El gobierno de Javier Milei avanzó en la elaboración de un nuevo Código Penal que introduce cambios profundos en el sistema punitivo argentino con el objetivo de “terminar con la impunidad” y fortalecer la capacidad del Estado para castigar delitos graves.

Según el anteproyecto que publicó la Agencia Noticias Argentinas, la reforma busca endurecer penas, eliminar la prescripción en un amplio abanico de conductas y restringir beneficios que hoy permiten atenuar condenas.

La iniciativa propone elevar mínimos y máximos en numerosos delitos, con el argumento de que “las sanciones deben ser acordes al daño causado”.

El homicidio simple pasaría de un rango de 8 a 25 años a uno de 10 a 30, mientras que el homicidio agravado -ya castigado con prisión perpetua- incorporaría nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente, ministros, menores de 16, mayores de 65 o cuando el hecho se cometa en lugares de concurrencia masiva.

El aumento de penas también alcanza a lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil, cuyos castigos se duplican en algunos casos.

El capítulo dedicado a los robos crea figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos.

El robo simple, por ejemplo, se eleva a 3 a 8 años si se comete con fuerza en las cosas y a 3 a 10 años cuando hay violencia sobre las personas.

Uno de los núcleos más fuertes del proyecto es la imprescriptibilidad de delitos graves. La reforma elimina los plazos de prescripción para homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, secuestro extorsivo y narcotráfico. “Independientemente del tiempo transcurrido, la Justicia podrá investigar y responsabilizar al autor”, sostiene el texto.

El Gobierno afirma que, con la suba de los mínimos penales, el 82% de los delitos pasarán a tener cumplimiento de prisión efectiva. Además, se amplía la lista de casos que no podrán acceder a condenas condicionales ni a liberación anticipada.

Quedarán excluidos quienes hayan sido condenados por homicidio, robos agravados, portación ilegal de armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios públicos. También los reincidentes, bajo el argumento de que “si entraron varias veces a prisión, no aprendieron nada”.

Otro cambio relevante

Será en la ejecución de la pena: las condenas comenzarán a cumplirse una vez que el tribunal superior rechace el recurso extraordinario, sin esperar la intervención de la Corte Suprema.

Las perpetuas no tendrán límite temporal y los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.

El texto también robustece el marco de la legítima defensa y amplía el rol de las víctimas en la toma de decisiones penitenciarias, como concesiones de beneficios.

Según el Ejecutivo, las reformas buscan “cerrar la puerta giratoria” y colocar a la víctima en el centro del proceso penal.

ND