El Parlamento Europeo presentó una propuesta que podría redefinir el acceso digital de millones de jóvenes: establecer los 16 años como edad mínima para usar redes sociales, plataformas de video y asistentes de inteligencia artificial. Se trata de un informe no vinculante, pero con un fuerte peso político y simbólico, ya que marca un posible rumbo para futuras regulaciones dentro de la Unión Europea.
El texto recomienda un esquema escalonado: prohibición total por debajo de los 13 años, autorización solo con consentimiento parental entre los 13 y 16, y acceso pleno recién a partir de los 16. La motivación central es la creciente preocupación por el uso “problemático” que hacen los menores del celular. Estudios citados por la propia Eurocámara indican que uno de cada cuatro jóvenes muestra señales de dependencia digital, pérdida de concentración, trastornos del sueño y mayor exposición a contenido dañino.
Además de la restricción por edad, el informe reclama que las plataformas eliminen mecanismos considerados adictivos, como el scroll infinito, el autoplay y las recomendaciones basadas en la interacción. También insta a prohibir prácticas publicitarias manipuladoras y a reforzar la privacidad en el diseño de productos digitales dirigidos a adolescentes.
Aunque la iniciativa europea es reciente, no surge en un vacío. En los últimos años varios gobiernos avanzaron con medidas similares:
Australia aprobó la regulación más estricta del mundo, obligando a las plataformas a bloquear el acceso a menores de 16 años y exigiendo verificación activa de identidad.
En Estados Unidos, estados como Utah, Arkansas y Luisiana ya limitaron el uso de redes a adolescentes y exigen controles parentales obligatorios.
Reino Unido implementó un Código de Diseño Infantil que impone responsabilidades a las plataformas para proteger a los menores.
En Francia, el Parlamento debate un sistema de verificación obligatorio para redes sociales y restricciones de acceso para menores.
En todos los casos, el factor común es el mismo: preocupación por la salud mental juvenil y por la falta de herramientas eficaces para controlar qué consumen los menores en internet.
El informe no obliga a los países de la Unión Europea a legislar de inmediato, pero sí fija una dirección política clara. En la práctica, puede actuar como base para futuras leyes europeas, como ocurrió con otros debates que empezaron como recomendaciones y terminaron transformándose en marcos regulatorios continentales, como el Reglamento de Servicios Digitales (DSA).

Además, la presión del Parlamento suele acelerar la acción de los gobiernos nacionales. Algunos países ya anticiparon que podrían adoptar parte de las sugerencias, en especial la verificación de edad y la eliminación de funciones adictivas, incluso antes de una directiva formal.
La discusión no se limita a Europa. La combinación de estudios sobre salud mental, denuncias por adicción digital, investigaciones sobre algoritmos y la expansión de la IA generativa está empujando a gobiernos de todo el mundo a repensar la autonomía que tienen los menores en entornos online.
Si la Unión Europea finalmente transforma este informe en una regulación obligatoria, podría desencadenar un efecto dominó similar al que generó en su momento el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), su normativa de protección de datos. Otros países podrían replicar o adaptar el modelo, obligando a las plataformas a rediseñar productos, sistemas de verificación y estrategias comerciales.
El resultado sería un ecosistema digital profundamente distinto al actual: con acceso más restringido, mayor supervisión adulta, límites a los algoritmos que maximizan tiempo de pantalla y una redefinición del vínculo entre los menores y la tecnología.