El expediente por la mansión de lujo ubicada en Pilar, presuntamente vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a quedar en el limbo judicial. El juez federal en lo Penal Económico Javier López Biscayart se declaró incompetente y devolvió el caso al juzgado de Daniel Rafecas, que previamente también había rechazado intervenir. Así, ya son dos magistrados que descartan investigar la denuncia, en un expediente que crece en volumen y en tensión política.
La causa investiga la compra de una propiedad de más de diez hectáreas en Villa Rosa, con autos de colección, caballos de carrera, helipuerto y canchas deportivas, presuntamente adquirida por una sociedad-Real Central SRL- cuyos dueños declararon ingresos que no se corresponden con el valor del predio y sus activos. La denuncia fue presentada por Elisa Carrió, Juan Manuel del Gaiso y Matías Yofe, quienes sostienen que podría tratarse de una maniobra de lavado de activos.

La causa se originó a partir de datos fiscales y societarios que mostraban un fuerte descalce entre los ingresos declarados de los socios -Luciano Pantano y Ana Lucía Conte- y la adquisición de una propiedad valuada en cifras millonarias. Conte incluso había recibido en 2020 el Ingreso Familiar de Emergencia y no registraba operaciones financieras relevantes. Pese a ello, en 2024 pasó a ser la socia mayoritaria de la empresa que compró la mansión.
Pantano, por su parte, es dirigente del ambiente futbolístico: estuvo al frente de la Asociación Argentina de Futsal y Fútbol Playa y ocupó cargos en clubes. Para los denunciantes, su relación con figuras del mundo del deporte, como Lucas Labbad -exgerente general de Boca-, refuerza la sospecha de que la empresa funciona como pantalla para terceros.

En el expediente también figuran versiones públicas que señalan que la propiedad podría estar vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. No hay pruebas concluyentes, pero los denunciantes sostienen que la hipótesis amerita ser investigada.
López Biscayart consideró que el delito investigado -lavado de activos- no pertenece a la competencia del fuero Penal Económico. Citó fallos de la Corte Suprema que establecen que estos delitos deben investigarse en la Justicia Federal de Comodoro Py. Por eso, resolvió devolver la causa al juzgado de Rafecas.
La causa vuelve a quedar sin juez porque, una vez más, ningún tribunal quiere asumir la investigación por la mansión vinculada al Chiqui Tapia.
La devolución reabre el conflicto de competencia. Si Rafecas vuelve a sostener que no le corresponde, deberá plantearse la controversia ante la Cámara Federal o, eventualmente, la Corte Suprema. Hasta que ese conflicto no se resuelva, la causa seguirá sin avances, sin medidas de prueba y sin un juez claramente asignado.

En Comodoro Py señalan, en voz baja, que el expediente es “sensible”: involucra a dirigentes del fútbol, figuras cercanas al poder político, supuestos patrimonios injustificados y una denuncia que sugiere movimientos de dinero difíciles de rastrear.
En paralelo, el fútbol argentino es un actor con fuerte presencia en la política nacional, capacidad de lobby y vínculos transversales con distintos espacios.
Quedar a cargo de una investigación así implica costos y presiones. Por eso, el expediente va y viene sin resolver.
La denuncia sostiene que Real Central SRL habría sido utilizada para adquirir bienes a nombre de terceros, con un crecimiento societario sospechoso: pasó de tener un capital inicial de $300.000 en 2021 a uno de $58 millones en 2024, justo antes de comprar la mansión. El objetivo de la investigación es determinar:

La figura de Tapia es central en el fútbol y mantiene vínculos tensos con diferentes sectores. La mención de su nombre en la denuncia -aunque sin pruebas concluyentes- incrementó la presión pública sobre el expediente, que para muchos operadores judiciales se volvió “incómodo”.
Mientras tanto, el predio de Pilar sigue bajo la lupa mediática y judicial, pero sin un juez dispuesto a avanzar.
TM