Malvinas, Antártida y redes sociales: nuevos lineamientos para la SIDE de Milei

Por primera vez desde comienzos de los 2000, el Gobierno argentino estableció una doctrina formal que ordena políticamente la actividad del sistema de inteligencia. La administración de Javier Milei aprobó la nueva Política de Inteligencia Nacional, un documento de 34 páginas que define intereses permanentes, líneas estratégicas y prioridades de trabajo para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La medida llega acompañada por la renovación de la cúpula de la SIDE, en un movimiento que el oficialismo interpreta como el inicio de una etapa de reconstrucción de capacidades estratégicas. Bajo el lema “Inteligencia Nacional, vigilia permanente por la Seguridad Estratégica de la República Argentina”, el Gobierno ubica la agenda de seguridad como un componente central de su proyecto político.

Seguridad como decisión política

La novedad no es que el Estado recupere su actividad de inteligencia -que nunca dejó de existir- sino que por primera vez en más de veinte años se define una doctrina explícita, con orientaciones políticas, diagnóstico institucional y objetivos estratégicos. El texto oficial sostiene que el sistema arrastra “un deterioro relevante” de más de tres décadas, lo que afecta la autonomía nacional en un contexto global cada vez más competitivo.

El documento recupera casos emblemáticos como los atentados de 1992 y 1994, la muerte del fiscal Alberto Nisman y las sucesivas intervenciones en la ex AFI para describir un sistema que, a juicio del Gobierno, perdió cohesión, profesionalismo e inteligencia estratégica.

La SIDE -creada tras la disolución de la AFI en 2024- se organiza en cuatro organismos desconcentrados:

• Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)

• Agencia de Seguridad Nacional (ASN)

• Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC)

• División de Asuntos Internos (DAI)

A partir de esta nueva política, la SIDE deberá elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional con los cursos de acción operativos correspondientes.

La disputa global como brújula del nuevo sistema

La política fija cinco intereses permanentes del Estado: resguardar la soberanía y la autonomía, proteger la integridad territorial, preservar la vida y los derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático y custodiar los recursos estratégicos del país. Sobre esa base, el documento despliega diez lineamientos que actuarán como guía para toda la comunidad de inteligencia.

El primer eje se concentra en la disputa de poder entre potencias globales y en cómo esta competencia afecta a América Latina. La misión es anticipar riesgos, detectar oportunidades y evaluar su impacto en la política exterior.

El segundo aborda la influencia externa y las operaciones de desinformación, señaladas como amenazas capaces de erosionar cohesión social, alterar procesos electorales o condicionar decisiones estratégicas.

El tercer lineamiento evalúa el poder integral de la Nación a partir de variables económicas, tecnológicas e institucionales, alertando sobre la dependencia de plataformas extranjeras y la fuga de talento calificado.

Malvinas, Antártida, ciberdefensa y crimen organizado

Uno de los núcleos duros de la nueva política está puesto en el Atlántico Sur y la Antártida. El documento describe una “competencia silenciosa” entre potencias extrarregionales y destaca la “ocupación ilegítima” de las Islas Malvinas como una prioridad estratégica. También pide monitorear operaciones científicas, logísticas y militares en la región para anticipar movimientos que puedan afectar la posición argentina.

Otra línea de trabajo apunta a los recursos naturales críticos: litio, gas no convencional, acuíferos y biomas sensibles. Según el análisis oficial, la presión de actores estatales y corporativos sobre esos activos se intensificó en los últimos años.

El capítulo de ciberseguridad explica que el ciberespacio se convirtió en “superficie de ataque” y en un campo donde actores estatales y no estatales pueden proyectar poder en forma encubierta y transnacional.

El penúltimo lineamiento aborda las amenazas del terrorismo transnacional, con énfasis en redes vinculadas a Medio Oriente y en zonas de frontera. El siguiente analiza al crimen organizado como “estructura de poder paralela” con capacidad financiera y territorial, conectada con circuitos regionales y extrarregionales.

El documento cierra con la contrainteligencia, definida como la herramienta destinada a detectar interferencias, evitar cooptaciones y blindar los procesos estratégicos del Estado.