El gobierno de Javier Milei se apresta a formalizar este viernes, a través del Boletín Oficial, la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso para encarar una agenda legislativa cargada en el cierre del año. El período especial se extenderá del 10 al 31 de diciembre, con la posibilidad de reactivarse en febrero para completar el tratamiento de las iniciativas pendientes.
La prioridad del oficialismo para diciembre será el tratamiento del Presupuesto 2026 y la reforma del Código Penal, dos proyectos que considera estructurales para ordenar el programa económico y la política criminal. En la segunda etapa, prevista para febrero, quedarán la reforma laboral, la reforma tributaria y la actualización de la ley de Glaciares.
La articulación política con el Congreso está en manos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, con participación del ministro del Interior, Diego Santilli. Bullrich ya inició conversaciones preliminares en la Cámara alta, mientras que Menem deberá desplegar la misma estrategia en Diputados tras consolidar la primera minoría con 95 legisladores.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza en el diálogo con los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo, acompañado por Santilli. La Casa Rosada apuesta a ese entendimiento federal para asegurar los votos necesarios con el fin de sancionar las reformas de segunda generación impulsadas por Milei.
Entre los proyectos que el Gobierno buscará instalar en el temario figura “Inocencia Fiscal”, una iniciativa destinada a otorgar seguridad jurídica para que particulares puedan blanquear dinero no declarado y reinsertarlo en la economía formal sin quedar expuestos a sanciones. La propuesta, enviada oportunamente a Diputados, pero postergada por falta de consenso, será tratada en paralelo al Presupuesto 2026, con el objetivo de incentivar la movilización de capitales hoy inmovilizados fuera del sistema.
Aunque la sanción del Presupuesto 2026 se mantiene como la prioridad absoluta, La Libertad Avanza apuesta a sumar este proyecto al debate extraordinario para habilitar mecanismos que permitan integrar fondos no registrados a la actividad económica sin la intervención punitiva de organismos recaudadores.
GZ