El Gobierno nacional prepara una nueva reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que según fuentes gremiales del organismo implicará más ajuste, recortes de personal, cierres de estaciones experimentales y desmantelamiento de agencias de extensión rural en todo el país.
El plan iniciado en el verano del 2025 se había ralentizado, producto de medidas cautelares, la derogación parlamentaria del Decreto 462 -Javier Milei lo había firmado al filo del vencimiento de las facultades delegadas- y la resistencia en las calles de los trabajadores. Pero el triunfo electoral de octubre envalentonó a la gestión libertaria a seguir con el programa de “transformación” y “modernización” del organismo.
Si bien el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, negó a los sindicatos el posible recorte de 1.700 empleados en diciembre -mediante retiros voluntarios- y desmintió la venta de tierras, la intención ya fue planteada ante el Consejo Directivo que integran profesionales y entidades rurales
“Nos miente a los trabajadores en la cara y cree que después no trasciende. Es un tipo que ya no tiene credibilidad” sentenció el titular de la Asociación del Personal del INTA (APINTA), Mario Romero en declaraciones a NewsDigitales.
La avanzada quedó graficada esta semana en el predio de Estación Experimental Agropecuaria AMBA (EEA AMBA) de Ituzaingó, donde personal de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) realizó mediciones y sobrevuelos con drones sobre más de 30 hectáreas, según contó a este medio el delegado de ATE y extrabajador de la experimental Sebastián Fajardo.
La información fue ratificada desde APINTA: “Estuvieron midiendo terrenos, a veces son provocaciones. Habiendo un amparo de la jueza que dice que no puede vender bienes y muebles, igual insisten con estas cosas”, explicó el secretario general.
Los últimos movimientos de las autoridades del INTA no sorprendieron a los sindicatos. Desde APINTA sostienen que pese a las derrotas parlamentarias y los amparos dictados por la Justicia, el gobierno de Javier Milei sigue con la misma agenda.
“No han cambiado, están insistiendo en el proyecto ese que tenían desde febrero del 2025 que planteaba la venta de inmuebles, el cierre de las 300 agencias de extensión rural del país” graficó Mario Romero.
Pese a que el presidente del INTA negó los cambios, los documentos ya fueron expuestos ante el Consejo Directivo, que debe convalidar las medidas.
Para el titular de APINTA, algo se quebró este año: “El Consejo ya no aprueba a libro cerrado. Ahora consultan a sus bases antes de votar. Eso es parte de la pelea que dimos durante 2025” señaló, a propósito de las dudas que muestran los consejeros sobre el paquete de ajuste libertario.
“Es parte de la pelea que dimos. Los productores en el interior empezaron a pedir explicaciones a sus dirigentes en el Consejo Directivo y esto generó que tengan que consultar a sus bases. Algunos ya han dicho que ellos solos no van a aprobar la venta de inmuebles del organismo y van a consultar a los consejos regionales del interior y esto también es un logro que se dio con la lucha” graficó el dirigente.
La situación puso en alerta a APINTA y el tema será especialmente abordado en el congreso ordinario del sindicato previsto para el 16 de diciembre. “Vamos a charlar también la realidad que estamos viviendo. Igualmente los trabajadores tenemos un plan de lucha que ya fue aprobado oportunamente y en cuanto tomen una medida que vaya en contra de los trabajadores y del organismo, vamos a implementarlo” expresó Mario Romero.
Esa “pelea”, como la definió el dirigente tiene tres frentes: movilización en las calles, acciones judiciales y discusión parlamentaria. “Ese mismo camino tendremos que hacer. Sabemos que en lo político está un poco más difícil ahora porque ha cambiado la composición del Congreso, pero entendemos que un tema como el del INTA, la investigación y la extensión agropecuaria son temas que están muy vigentes y presentes en los diputados y senadores de todo el país que defienden al organismo sin importar el partido político de donde vengan” remarcó el gremialista.
La Estación Experimental del AMBA, ubicada en Castelar, es el blanco principal de la avanzada del Gobierno nacional contra las políticas de extensión y asistencia a productores.
La determinación de cerrar la sede que articulaba la asistencia técnica a pequeños productores y agricultura familiar de todo el periurbano metropolitano se remonta a febrero del 2025 aunque “todavía no se pudo operativizar al 100%” explicó a este medio, Sebastián Fajardo, delegado de ATE
“Hasta hace algunas semanas, la experimental todavía tenía cuenta bancaria. No hay una resolución final de cierre de la experimental, a pesar de que está vaciada en gran sentido. Casi todos los trabajadores del AMBA, más del 80% ya hemos sido trasladados a otras unidades del INTA. Algunos fueron a institutos de investigación de Castelar, otros nos hemos incorporado a lo que es el IPAF Pampeano y otros en menor medida han podido trasladarse como la experimental del Delta” describió Fajardo.
La reestructuración además implicó un cambio forzado de identidad laboral: “Es una gran diáspora. Se rompieron equipos de trabajo y se perdió el trabajo de todos estos años”, lamentó. En ese sentido, el delegado recordó: “Muchos de nosotros hemos hecho trabajo toda la vida dentro Extensión Rural, y hoy estamos haciendo investigación. Es perder todo el pasado y empezar de cero” consideró.
El proceso iniciado en el INTA AMBA ocasionó el desmantelamiento de 9 agencias de extensión rural que iban desde Escobar hasta La Plata, pasando por zonas claves como Luján, Avellaneda, San Martín, San Vicente, entre otras. “Estamos dejando a miles de productores sin asistencia técnica en el AMBA”, subrayó Fajardo.
En igual sentido se expresó el titular de APINTA, Mario Romero: “Se está dejando a un importante número de productores AMBA y toda la zona periurbana sin asistencia. Acá se realiza la producción que abastece al Mercado Central con los alimentos frescos que consumimos los argentinos”, agregó el dirigente sindical.
Uno de los puntos más sensibles es la situación del predio central del INTA AMBA: más de 30 hectáreas a metros del Acceso Oeste y frente a Parque Leloir, un sector residencial de alto valor inmobiliario, donde según coincidieron los entrevistados la presencia de la AABE y el uso de drones para medir el terreno no se condicen con un “relevamiento de rutina”.
“Estamos hablando de más de 30 hectáreas al lado del Acceso Oeste, a la entrada de uno de los barrios más cotizados”, insistió Sebastián Fajardo.
Otras fuentes que siguen la situación alertaron sobre discusiones paralelas en el Concejo Deliberante de Ituzaingó para realizaron modificaciones en el Código de Planeamiento Urbano.
El proyecto podría modificar la tipificación de uso del predio del INTA AMBA y simplificaría los pasos para la venta de los terrenos pretendida por Nación.