El ministro de Economía, Luis Caputo, puso en cuestión la legalidad del endeudamiento en moneda extranjera que la Legislatura bonaerense aprobó recientemente a pedido del gobernador Axel Kicillof, y apuntó a un punto central: la posible violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), sancionada en 2004 y todavía vigente para todas las provincias adheridas.
La autorización legislativa habilita a la provincia de Buenos Aires a contraer nueva deuda en dólares para atender necesidades financieras del ejercicio, en un contexto de alta tensión fiscal y renegociaciones abiertas.
Pero Caputo planteó que esta operación podría no cumplir con las reglas que la LRF impone sobre el endeudamiento subnacional, especialmente cuando involucra deuda externa.
La Ley 25.917 establece un régimen de disciplina fiscal y transparencia para Nación y provincias. Uno de sus capítulos más estrictos es el vinculado al endeudamiento, donde se fijan límites cuantitativos y criterios de autorización.
Los puntos centrales que Caputo toma como referencia son:
Fuentes del Palacio de Hacienda sostienen que el nuevo endeudamiento bonaerense “podría entrar en conflicto con la Ley de Responsabilidad Fiscal”, dado que:
Caputo planteó que “la normativa de 2004 no permite avanzar con este tipo de endeudamientos sin cumplir las condiciones previas”, dejando abierta la posibilidad de que el Gobierno nacional rechace la autorización técnica si la provincia solicita la venia formal para emitir deuda en dólares.
Desde La Plata aseguran que el endeudamiento aprobado es “responsable, moderado y necesario para afrontar vencimientos”, y que no se trata de un incremento del stock sino de un reordenamiento financiero.
También señalan que la provincia adhiere al Régimen de Responsabilidad Fiscal y cumple con los envíos de información requerida por el Consejo Federal.
La discusión vuelve a exponer la relación tirante entre Nación y Buenos Aires en materia fiscal. Mientras Caputo usa la LRF como argumento para poner un freno, Kicillof sostiene que el endeudamiento es una herramienta indispensable en un contexto de caída de la recaudación y arrastre de deudas previas.
Por ahora, la autorización legislativa está vigente, pero el gobierno provincial no podrá avanzar efectivamente si no obtiene la autorización del Ministerio de Economía nacional, tal como exige el artículo 25 de la ley.
FA