La Cámara de Diputados fue escenario de fuertes cuestionamientos al Gobierno por los recortes previstos en el Presupuesto 2026 para el Programa 22, destinado a la respuesta integral al VIH, las Hepatitis, la tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Organizaciones LGBT+, especialistas y referentes de la sociedad civil denunciaron que la reducción del 38% en dólares pone en riesgo la continuidad de miles de tratamientos y viola la Ley 27.675, aprobada en 2022.
El debate se dio en el marco de la Jornada de Incidencia sobre Políticas Sanitarias, donde la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) presentó un informe que alertó por la baja de fondos: el programa contará con $62.087 millones, equivalentes a USD 43,6 millones según el tipo de cambio proyectado. Se trata del monto más bajo en términos reales de los últimos años, y representará apenas el 2% del presupuesto total del Ministerio de Salud.
Según el informe, la reducción presupuestaria no solo afecta la compra de medicamentos sino toda la red de prevención y diagnóstico. El Gobierno prevé atender a 71.500 personas con VIH en 2026, frente a las 79.179 asistidas en 2024; en tuberculosis, contempla 12.450 tratamientos, a pesar de que ese año se notificaron 15.853 casos.
También se estima un recorte del expendio de 23 millones de preservativos en un contexto de aumento de sífilis y otras ITS. El documento agrega que no habrá compras de PrEP ni PEP, dos herramientas clave de prevención biomédica utilizadas en miles de casos, y que se eliminará la producción de materiales educativos, afectando la prevención comunitaria.
“El Presupuesto 2026 no representa un ahorro: representa un abandono”, señalaron desde GEP. “El Estado decide no prevenir, diagnosticar ni tratar, poniendo en riesgo la vida de miles de personas”, afirmaron.
Una de las intervenciones más duras fue la de la psicóloga Graciela Balestra, excandidata a diputada nacional: “Lo que están haciendo es un genocidio. Este recorte va a dejar a miles de personas sin acceso a sus tratamientos”. Agregó que la falta de continuidad en la provisión de medicamentos podría revertir décadas de avances y aumentar las muertes por SIDA.
Ante este panorama, las organizaciones leyeron un documento conjunto con una serie de exigencias al Poder Ejecutivo. Entre ellas:
• revisión urgente del Presupuesto 2026 y aumento del Programa 22;
• cumplimiento pleno de la Ley 27.675;
• restitución de metas sanitarias acordes a la realidad epidemiológica;
• centralización de compras para garantizar equidad;
• reactivación inmediata de campañas de prevención, diagnóstico y tratamiento.
El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) sumó críticas políticas: “Vemos un retroceso enorme en la respuesta integral al VIH. Se recorta prevención, se recorta asistencia, se eliminan programas de PrEP. ¿Qué respuesta integral se puede dar si además se destruye la Educación Sexual Integral y no se promueve el testeo?”.
Paulón cerró su intervención con la misma frase que usaron varias organizaciones: “Esto es un genocidio planificado”.