Sindicatos vs. Gobierno: los puntos del borrador laboral que pueden volar por el aire

El gobierno de Javier Milei aceleró su plan de transformar el mercado laboral y presentó un borrador ampliado de la reforma que negocia con empresarios y sindicatos. El texto apunta a reducir litigiosidad, digitalizar procesos y flexibilizar modalidades que, según la administración libertaria, quedaron rezagadas frente a las nuevas dinámicas económicas. La reacción sindical fue inmediata: advirtieron que se “debilitan derechos históricos”.

Uno de los puntos centrales es el esquema de vacaciones. El proyecto mantiene el derecho al descanso anual, pero fija el período entre octubre y abril y habilita el fraccionamiento de los días. También prevé acuerdos individuales o colectivos para ampliar el tiempo de descanso, una demanda del sector productivo y de trabajadores con hijos en edad escolar. Para el Ejecutivo, es una herramienta de ordenamiento; para los gremios, un mecanismo que desarma previsibilidad.

La reforma también incorpora el banco de horas, quizá el cambio más polémico. La jornada podrá extenderse algunos días y recortarse otros, reemplazando horas extra por descanso compensatorio. El borrador fija un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas y 35 semanales, pero deja a cada convenio la letra fina. Los sindicatos alertan por la pérdida de horas extra; el Gobierno sostiene que es un estándar moderno para administrar picos de actividad.

En materia de despidos, el proyecto limita el cálculo indemnizatorio a salarios básicos y remuneraciones ordinarias, excluyendo adicionales y premios. Además habilita que cada actividad implemente un fondo de cese laboral financiado por aportes mensuales, un esquema que divide aguas: previsibilidad para empresas, reducción de protección para trabajadores. El borrador incorpora además un régimen específico para repartidores y personal de plataformas, obligando a su registración y cobertura social.

La digitalización total de documentación -recibos, constancias, asistencia- busca reducir burocracia y facilitar controles, aunque especialistas advierten sobre riesgos en el manejo de datos sensibles. El Gobierno admite que parte de la letra chica quedará en manos de negociaciones sectoriales. Lo que sí está claro es que la reforma abre un debate de fondo: qué modelo laboral pretende construir la Argentina en un escenario económico frágil y con un oficialismo decidido a avanzar en cambios estructurales.