Por qué se desinfló la causa Fútbol para Todos contra Aníbal Fernández y otros

El cierre de la causa Fútbol para Todos dejó una certeza jurídica y una pregunta política: ¿por qué un expediente que involucraba a exjefes de Gabinete como Aníbal Fernández terminó sin sustancia penal después de más de una década de trámite?

El Tribunal Oral Federal 1 absolvió a los catorce acusados -entre ellos exfuncionarios nacionales, dirigentes de la AFA y empresarios- y dio por tierra el último intento fiscal de sostener una imputación. La decisión llegó tras más de una hora de deliberación de los jueces José Michilini, Adrián Grunberg y Ricardo Basílico, luego de escuchar las últimas palabras de los imputados.

Un caso que nació con impulso político

La causa había comenzado en 2014, a partir de una denuncia de la entonces legisladora Graciela Ocaña, que apuntaba a un presunto desvío de fondos del programa Fútbol para Todos. El expediente quedó en manos del juzgado de María Servini, que ordenó allanamientos en la AFA, en clubes, financieras y en oficinas públicas, mientras la investigación se expandía hacia funcionarios, directivos deportivos y operadores financieros.

El planteo era concreto: la AFA habría recibido dinero del Estado por los derechos de televisación, pero en lugar de transferirlo a los clubes habría montado un esquema de cheques posdatados. A medida que avanzó la instrucción, ese supuesto circuito irregular nunca terminó de consolidarse como maniobra penal.

Dónde se pinchó la acusación

En el juicio oral, el fiscal Miguel Ángel Osorio mantuvo la imputación solo sobre los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich. Pero desde la primera audiencia apareció el punto legal que terminaría siendo decisivo: una vez que los fondos públicos ingresaban a la AFA como contraprestación por los derechos de transmisión -derechos que efectivamente habían sido cedidos-, dejaban de ser fondos públicos.

Ese argumento, sostenido por varias defensas y reconocido por la propia fiscalía en tramos del proceso, afectó de manera directa la figura penal de administración fraudulenta agravada, que exige que exista patrimonio estatal vulnerado.

Además, una larga serie de documentos contables, pericias técnicas y testimonios no logró probar un perjuicio al Estado ni un circuito paralelo destinado a desviar fondos. Según diversas fuentes judiciales, el tribunal corroboró que los hechos denunciados no quedaron respaldados por ninguna evidencia concreta.

El giro final: un alegato sin sustento

La definición llegó con el análisis del propio alegato fiscal. Allí, el tribunal detectó lo que calificó como un incumplimiento de los “estándares mínimos de motivación”. En sus palabras, el alegato no explicaba la relación entre las pruebas reunidas y los hechos imputados, y tampoco articulaba un encuadre penal consistente.

Por esa razón, los jueces declararon la nulidad del alegato fiscal, un movimiento poco frecuente que tiene una consecuencia directa: equivale a la inexistencia misma de una acusación válida al cierre del debate.

El tribunal declaró la nulidad del alegato fiscal, lo que dejó a la causa sin una acusación válida y derivó en la absolución de todos los imputados.

Por qué importa este desenlace

La caída de la acusación no solo desarmó un expediente emblemático sobre el manejo de fondos en el fútbol, sino que también cerró uno de los procesos judiciales más citados en el debate político sobre presuntos actos de corrupción durante el kirchnerismo.

Para Aníbal Fernández -exjefe de Gabinete al momento de los hechos investigados-, el fallo significa el final de la única causa de alto impacto que todavía lo involucraba como funcionario en ese período.