La decisión del Congreso peruano de inhabilitar por diez años a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza abrió un nuevo capítulo en la prolongada crisis institucional del país. El caso, surgido tras una denuncia constitucional por presunta invasión de competencias policiales, volvió a polarizar a un sistema político marcado por la fragilidad de sus equilibrios democráticos y por disputas permanentes entre poderes del Estado. La medida se aprobó en un clima de desconfianza generalizada hacia las instituciones, lo que facilitó narrativas enfrentadas sobre la legitimidad del proceso.
La reacción fue inmediata: organizaciones de derechos humanos, juristas y actores internacionales cuestionaron el procedimiento seguido por el Legislativo, advirtiendo que la sanción podría derivar en un precedente riesgoso para la separación de poderes. Para sectores críticos, la inhabilitación se inscribe en un escenario más amplio de tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público, alimentado por reformas recientes que alteran la arquitectura de control y supervisión dentro del sistema de justicia. Esa disputa, lejos de agotarse, parece intensificar un ciclo de confrontación política.
El debate tomó nueva fuerza al revelarse que la reforma utilizada para sustentar la medida contra Espinoza había sido duramente cuestionada por especialistas que alertaban sobre riesgos de captura institucional. Según sus críticos, la norma abrió la puerta a que decisiones eminentemente técnicas quedaran expuestas a litigios políticos, debilitando así la protección histórica que gozaban los fiscales frente a eventuales represalias por investigaciones sensibles. El caso exhibe cómo la modificación legislativa se convirtió en un instrumento para reconfigurar el balance de poder.
Al mismo tiempo, el proceso contra la exfiscal coincidió con un fenómeno que se repite en otros países de la región: la utilización de herramientas parlamentarias o administrativas para desplazar a autoridades que asumieron investigaciones incómodas. La controversia se intensifica porque los señalamientos contra Espinoza incluyen delitos como abuso de autoridad y prevaricato, lo que, combinado con la pérdida de su fuero, habilita escenarios judiciales que podrían extenderse durante años. El trasfondo, sin embargo, sigue centrado en el impacto político que genera una figura fiscal debilitada.
Se oficializa en el diario El Peruano la resolución que inhabilita por 10 años de la función pública a la fiscal suprema Delia Espinoza. pic.twitter.com/Nc1auKWo0H
— Sofía López (@SofiaLopezLl) December 5, 2025
Las implicancias del caso exceden la situación personal de Espinoza y permiten observar un deterioro progresivo de la independencia fiscal en el país. La convergencia entre reformas controvertidas, decisiones parlamentarias disciplinarias y disputas entre altos cargos del sistema penal configura un entorno donde la autonomía institucional queda seriamente comprometida. En este contexto, la erosión de contrapesos efectivos aumenta la incertidumbre en torno a la capacidad del Estado para investigar redes de corrupción o crimen organizado sin presiones externas.
#MilagrosLeivaEntrevista | Tomás Gálvez sobre Delia Espinoza: "Su periodo ha caducado, ya no es fiscal de la Nación"
— Willax Televisión (@willaxtv) December 6, 2025
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Además, el episodio peruano adquiere relevancia comparada al reflejar patrones similares detectados en otros sistemas latinoamericanos, donde los gobiernos y parlamentos recurren a figuras sancionatorias para influir en la conducción de la justicia. De mantenerse esta dinámica, especialistas anticipan que la región podría enfrentar una década marcada por retrocesos en materia de independencia judicial, con consecuencias directas sobre la confianza pública y la gobernabilidad democrática. El caso Espinoza, por tanto, opera como advertencia y como síntoma de un problema estructural aún no resuelto.