Denuncia de Carrió que salpica a Chiqui Tapia: Rafecas dispuso múltiples medidas urgentes

El juez federal Daniel Rafecas dispuso este viernes una serie de medidas de prueba de amplio alcance en la causa iniciada por una denuncia de Elisa Carrió, que apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero en la compra de una quinta de grandes dimensiones en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar.

La decisión del magistrado, a la que accedió NewsDigitales, se tomó tras el requerimiento formal del fiscal federal Ramiro González, quien impulsó la acción penal y pidió avanzar en la investigación.

La denuncia -presentada por Carrió junto al legislador porteño Juan Facundo Del Gaiso y a Matías Yofe- sostiene que los empresarios Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte no tendrían capacidad económica para justificar la adquisición del predio ubicado en Misiones 4097, una propiedad de más de 105 mil metros cuadrados que incluiría instalaciones de alto valor: automóviles de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento equino, un helipuerto y diversas áreas deportivas.

Los denunciantes señalan que Pantano y Conte habrían actuado como intermediarios de un tercero y que la desproporción entre su perfil fiscal y el volumen de bienes bajo investigación amerita analizar el origen de los fondos utilizados.

Incluso mencionan que versiones periodísticas vincularon el inmueble al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, lo que -según la denuncia- refuerza la necesidad de rastrear la trazabilidad del dinero involucrado.

La respuesta del fiscal

En su requerimiento de instrucción, el fiscal González consideró que la compra del predio por parte de la firma Real Central SRL presenta inconsistencias que justifican una investigación formal, especialmente tras la ampliación del capital social de la empresa y el rol de sus socios.

Además, vinculó a Pantano con actividades empresariales y deportivas -entre ellas, su paso por la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa y su cercanía al dirigente Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors- que podrían haber sido funcionales para posicionarse en ámbitos de alto poder económico.

González impulsó la acción penal y solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los investigados, además de una amplia pesquisa sobre bienes, cuentas, operaciones financieras y actividad societaria.

También reclamó informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la ANAC, esta última para verificar si el helipuerto de la propiedad está habilitado.

Las medidas ordenadas por Rafecas

Rafecas acogió gran parte de las medidas propuestas por la fiscalía y por los denunciantes. Entre ellas, ordenó:

• Requerir a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) perfiles fiscales completos de Pantano, Conte, la firma Real Central SRL y también del empresario Lucas Labbad, cuya situación patrimonial será examinada.
• Pedir a la IGJ toda la información societaria vinculada a Real Central SRL y a eventuales participaciones de sus socios.
• Solicitar a los Registros de la Propiedad Inmueble, Automotor, Aeronaves y Equino todos los bienes registrables de los investigados.
• Pedir al Banco Central el detalle de cuentas, movimientos y productos financieros.
• Requerir a la UIF información sobre eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas.
• Oficiar a Mercado Pago para obtener datos sobre billeteras virtuales.
• Pedir a la ANAC que informe si en el predio existe un helipuerto autorizado.
• Ordenar un peritaje tasador integral sobre el inmueble para establecer su valuación actual.

Para avanzar con las medidas, Rafecas dispuso el levantamiento de todos los secretos aplicables: fiscal, bancario y bursátil.

Si bien la discusión sobre la competencia del caso aún está pendiente de resolución, el juez señaló que, para evitar demoras y resguardar la prueba, era necesario avanzar en la recolección de información clave.