Daniel Sabsay alerta sobre la imprescriptibilidad en el nuevo Código Penal

En una entrevista radial, el reconocido abogado Daniel Sabsay analizó las propuestas impulsadas por el Poder Ejecutivo para reformar el Código Penal. Si bien celebró que finalmente se discuta un tema “que preocupa a la ciudadanía porque afecta la seguridad de todos”, se mostró crítico respecto de uno de los puntos más sensibles, como la imprescriptibilidad de ciertos delitos.

El prestigioso letrado apoyó la idea de que los hechos de corrupción contra la administración pública no prescriban, en línea con la cláusula de defensa del orden democrático prevista en el artículo 36 de la Constitución Nacional. Sin embargo, consideró desmesurado extender ese criterio a un abanico amplio de delitos que no involucran defraudación al Estado. “Es una medida excesiva. La excepción debe ser muy acotada”, señaló, y admitió que podría discutirse la imprescriptibilidad para delitos sexuales cometidos contra menores, pero advirtió que generalizarla es “inconveniente y riesgoso”.

Penas más duras, infraestructura y debido proceso

El jurista subrayó que el endurecimiento de las sanciones penales, pero hizo mención a la necesidad de construir nuevos establecimientos carcelarios, para no mezclar a "quienes han cometido delitos de... escasa importancia con aquellos que sí que son criminales peligrosos, porque me parece lo peor como posibilidad de cumplimiento efectivo". En cambio, propuso fortalecer la prevención, la educación y las políticas de reinserción social: "confiar en buenas políticas de rehabilitación" y de la posibilidad de "poder reintegrarlos a la sociedad".

También remarcó la obligación de respetar el debido proceso y los tratados internacionales de derechos humanos, que en Argentina tienen jerarquía constitucional: "el debido proceso y todos los convenios de derechos humanos que en nuestro caso tienen jerarquía constitucional". Señaló.

Rechazo al modelo Bukele y reclamo por militares

Consultado por el modelo de seguridad aplicado en El Salvador, Sabsay fue categórico: “Me parece un ejemplo horrible”. Criticó tanto las condiciones de detención como los procedimientos policiales implementados en ese país, que -según señaló- en ocasiones se realizan sin supervisión judicial, llegando a convertir el cumplimiento de la pena en “un salvajismo que recuerda los peores momentos de la humanidad”, afirmó.

En el cierre de la entrevista, el constitucionalista volvió sobre un tema que viene señalando desde hace años: la situación de algunos exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad. Consideró “indigno” el trato que reciben ciertos detenidos y dijo que quienes hayan cumplido los plazos máximos de prisión preventiva deben ser excarcelados o beneficiados con prisión domiciliaria. “Hay casos de personas cuya permanencia en prisión excede lo que prevén los tratados internacionales”, advirtió.

Un Código con más de un siglo

Aunque el debate público suele concentrarse en las penas y su dureza, la necesidad de reformar el Código Penal argentino responde a un problema estructural: su base normativa tiene más de cien años. Redactado en 1921, el texto ha sido modificado numerosas veces pero nunca de forma integral.

Ello generó un sistema fragmentado, con parches superpuestos, contradicciones internas y dificultades para responder a fenómenos delictivos contemporáneos -ciberdelitos, criminalidad organizada, nuevas modalidades de violencia- que no estaban contemplados al momento de su creación. Una reforma integral busca justamente actualizar ese andamiaje legal para hacerlo coherente, operativo y compatible con estándares internacionales de derechos humanos.

GZ