La legisladora porteña Graciela Ocaña repudió la reciente absolución de exfuncionarios y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa Fútbol para Todos, a la que calificó como “una verdadera vergüenza”. Según su mirada, el programa constituyó una “defraudación multimillonaria de fondos públicos”, y el fallo que dejó sin responsables es, para ella, consecuencia de una acusación fiscal “deficiente” y de criterios judiciales que habilitaron una “condena selectiva”.
Ocaña manifestó que la resolución será apelada y anticipó su decisión de intervenir en el trámite: “Vamos a pedir participar en la causa, porque no se puede condenar selectivamente cuando las pruebas están. Queremos conocer en detalle la argumentación del tribunal, que se difundirá en marzo”.
La legisladora recordó que el programa se justificó con la promesa de liberar los derechos de televisación y sanear a los clubes, pero aseguró que ocurrió lo contrario. Sostuvo que el Estado terminó pagando a la AFA “una cifra muy superior” a la que recibía previamente, dinero que -según señaló- no llegó a las instituciones deportivas.
De acuerdo con la denuncia, parte de esos fondos se canalizaba a través de financieras y cooperativas, como Surfinanzas, que descontaban los cheques emitidos por la AFA a largo plazo. “Los clubes no recibían el 100% de lo que el Estado pagaba: perdían entre el 30 y el 50% en comisiones. Fue un negocio redondo para algunos dirigentes y un pésimo negocio para los argentinos”, afirmó.
Ocaña remarcó que, más allá del dinero que se habría desviado, el programa generó un déficit de 7.560 millones de pesos para el Estado, cubierto por endeudamiento interno y emisión. “Eso nos costó Fútbol para Todos, y ahora todos absueltos, como si nada hubiera pasado”, cuestionó.
La legisladora también apuntó contra la actuación del fiscal del juicio, a quien atribuyó “errores técnicos” que facilitaron la anulación de la acusación. Sostuvo que hubo decisiones llamativas, como no incluir cargos contra quienes tuvieron roles centrales en la implementación del programa, y que la acusación desechó buena parte de la investigación realizada en la etapa inicial.
A su entender, tanto la fiscalía como el tribunal mostraron falta de voluntad para avanzar sobre las responsabilidades del poder futbolístico. “Pareciera que nadie quiso meterse a condenar al fútbol”, expresó.
Ocaña anunció que utilizará su estatus de amicus curiae para intervenir en la instancia de apelación una vez que se conozcan los fundamentos de la sentencia. Anticipó que solicitará penas más elevadas y que presentará documentación para demostrar la responsabilidad de los imputados. “No voy a dejar hasta que haya justicia”, aseguró, y concluyó que no permitirá que “un tecnicismo impida dictar una sentencia acorde a las pruebas que obran en la causa”.
Fútbol para Todos fue un programa estatal argentino implementado en 2009 mediante el cual el Gobierno adquirió los derechos de transmisión del fútbol de Primera División y otras categorías para emitirlos de manera gratuita por la televisión abierta.
Su objetivo declarado fue garantizar el acceso universal a los partidos, evitar el monopolio privado de los derechos y utilizar las transmisiones para difundir campañas de interés público. El programa se financió con fondos del Estado y se mantuvo hasta 2017, cuando fue reemplazado por un sistema pago administrado por empresas privadas.
GZ