Luis Petri: compras irregulares, licitaciones direccionadas y una investigación que Defensa archivó

Luis Petri parece haber encontrado en Top Gun: Maverick no solo una estética, sino un guion político. Desde que asumió en diciembre de 2023, el ministro de Defensa moldeó su imagen pública como una suerte de piloto heroico: vuelos, videos promocionales y referencias explícitas a lo “supersónico”. La compra de los F-16 daneses, cuestionada por su antigüedad y por la falta de respuestas sobre su costo final, se convirtió en el eje de su campaña comunicacional.

Este fin de semana, el clímax del operativo propagandístico será la llegada de los cazas a Río Cuarto y su posterior desfile aéreo sobre Plaza de Mayo. Sin embargo, el show podría quedar opacado por escándalos que se acumulan alrededor del funcionario, desde la crisis financiera del IOSFA hasta una serie de compras de aviones Embraer cuyo expediente está plagado de irregularidades.

Una licitación que nació viciada

La primera alerta se encendió con los Embraer ERJ 140 y 145 adquiridos al comienzo del mandato. La operación se había iniciado en la gestión de Jorge Taiana y tomó velocidad en los días finales del gobierno anterior: el llamado a licitación internacional, publicado en el portal oficial de la Fuerza Aérea el 29 de noviembre de 2023, tenía apertura el 6 de diciembre, plazos claramente insuficientes para una compulsa de esa magnitud.

Pese a ello, la administración entrante no corrigió el proceso. La empresa estadounidense Regional One Inc obtuvo la adjudicación por USD 6.856.200 para dos aeronaves fabricadas en 2003. La documentación técnica y financiera fue avalada por el entonces jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Isaac, con intervención del brigadier mayor Fernando Mengo.

Pero hay un dato inquietante: hoy, todo el proceso desapareció del portal oficial. Se borraron los antecedentes, el dictamen de evaluación y las especificaciones técnicas. Nada permite reconstruir desde los canales públicos cómo y por qué se eligió esa oferta.

La impugnación ignorada y la compra de la tercera nave

La situación se agravó cuando la empresa competidora, Alpha Aviation, presentó el 9 de julio de 2025 una impugnación detallada. Denunciaron trato desigual, falta de pedidos de aclaración, observaciones “subsanables” que no se permitieron corregir y un plazo de presentación diseñado para desalentar a otros oferentes. La evaluación -según sostienen- se orientó a favorecer a Regional One.

Sin que esa objeción fuera respondida, el brigadier Gustavo Valverde firmó solo doce días después la resolución aprobando una tercera compra, esta vez por USD 4.085.000, correspondiente a la aeronave identificada como “55 Héroes”. La operación tampoco quedó registrada en el sistema Compr.ar.

La cifra pagada duplica el valor estimado del activo. La justificación fue la “puesta a punto” técnica, aunque conocedores del rubro aeronáutico aseguran que con ese monto se podrían haber adquirido dos aeronaves en mejor estado y con menor desgaste.

La auditoría interna que Defensa ocultó

Dentro de la propia Fuerza Aérea se llevó adelante una investigación interna. Circuló entre despachos del Edificio Cóndor y alcanzó las oficinas del Ministerio, pero finalmente fue archivada. El informe es terminante: describe una maniobra de defraudación al Estado mediante el direccionamiento de la licitación.

Los hallazgos principales fueron:

• El Estado pagó un sobreprecio equivalente al doble del valor real para cubrir costos de reparación de una aeronave “en obsolescencia técnica inminente”.
• Las especificaciones técnicas se redactaron para que solo la aeronave MSN 145634 -ya identificada y preseleccionada- pudiera cumplir los requisitos.
• Hubo plazos irrisorios de presentación de ofertas, limitando la competencia.
• La impugnación de Alpha Aviation fue excluida del expediente, violando normas esenciales del procedimiento administrativo.
• La aeronave seleccionada ya estaba pintada con esquema de la Fuerza Aérea antes de la finalización del proceso, lo que demostraría que la adjudicación estaba acordada de antemano.

El documento, además, apunta a tres responsables directos dentro del Ministerio de Defensa: Daniel Burlas, el funcionario civil que diseñó las especificaciones; el brigadier Fabián Capellino, que convalidó los costos; y el brigadier Valverde, máxima autoridad militar en la operación.

No tiene las manos del todo limpias

El ministro saliente -flamante diputado por La Libertad Avanza- prepara su candidatura a gobernador de Mendoza, pero enfrenta una mancha difícil de eludir. Antes de lanzarse de lleno a su nuevo proyecto político debería responder en sede judicial y administrativa por una operación que, según la documentación interna, reúne los elementos típicos de un perjuicio deliberado al patrimonio del Estado.

GZ