La diputada nacional Pamela Calletti presentó un proyecto de ley que busca modernizar y ordenar el sistema de pago de propinas, incorporando por primera vez una regulación específica para esta práctica arraigada en sectores como la gastronomía, la hotelería y el transporte.
La iniciativa apunta a garantizar transparencia, equidad y claridad en un terreno donde, según la legisladora, hoy predomina un “vacío normativo” que habilita “malas interpretaciones y situaciones abusivas”.
El proyecto se enmarca además en un contexto donde el gobierno de Javier Milei promovió la digitalización del pago de propinas: a mediados de 2024, la administración libertaria habilitó a los comercios a incluir botones de propina en medios electrónicos, como billeteras virtuales, QR, transferencias y terminales de cobro, lo que generó discusiones sobre el destino de esos montos y su eventual apropiación por parte de empleadores.
La propuesta de Calletti modifica el artículo 113 de la Ley de Contrato de Trabajo para dejar claramente establecido que las propinas no forman parte de la remuneración del trabajador y que, por lo tanto, no pueden estar sujetas a cargas impositivas ni a retenciones por parte del empleador o de las entidades financieras.
“Esta iniciativa tiene por objetivo generar un marco normativo que garantice la transparencia, la equidad y el respeto a los derechos de los trabajadores y consumidores”, sostiene la diputada en los fundamentos del texto.
Para la legisladora, la ausencia de reglas claras “afecta no solo a los trabajadores que dependen de este pago voluntario, sino también a los consumidores, quienes carecen de garantías sobre el destino efectivo de las propinas que entregan”.
El proyecto incorpora definiciones precisas sobre qué se considera propina y amplía el concepto a los medios electrónicos de pago, incluyendo billeteras virtuales, DEBIN, transferencias y cualquier herramienta que pueda surgir en el futuro.
Según Calletti, la normativa busca adaptarse “a los hábitos de los consumidores modernos”, que cada vez utilizan menos efectivo.
Uno de los puntos centrales del texto es la prohibición explícita de incluir la propina de manera automática en facturas o tickets, práctica que se había extendido en algunos comercios.
“Se reconoce a la propina como un acto voluntario, ya que se prohíbe la inclusión automática en facturas”, subraya Calletti. La propina, además, deberá registrarse en un comprobante autónomo, separado de la prestación principal, y quedará exenta de impuestos.
Los locales donde sea habitual dejar propina deberán ofrecer siempre una opción para que el cliente pueda pagarla, ya sea en efectivo o por medios electrónicos. El empleador quedará a cargo de distribuir diariamente las propinas entre los trabajadores.
Para evitar retenciones, el proyecto establece que las cuentas o billeteras electrónicas abiertas únicamente para recibir propinas no podrán cobrar comisiones ni realizar débitos por ningún concepto.
Calletti sostiene que la regulación vigente en el artículo 113 de la LCT quedó “desvirtuada” por convenios colectivos como el gastronómico, que directamente prohíben las propinas y las consideran un adicional de servicio.
Según la diputada, esto no respeta “la primacía de la realidad ni el derecho del trabajador a recibirlas”.
La propuesta busca así restablecer el carácter voluntario y directo de la propina, devolviendo al trabajador el 100% de lo percibido y clarificando el rol de los empleadores y las plataformas de pago.
FA