A dos años de haber iniciado su segundo mandato no consecutivo, el gobernador Alfredo Cornejo llega a diciembre con una agenda que combinó equilibrio fiscal, modernización del Estado y una relación privilegiada con Javier Milei, que le dio volumen político en la escena nacional. Con cerca del 39,5% de los votos obtenidos en 2023 y un aparato provincial aceitado, el mandatario mendocino busca consolidar un modelo que promete orden administrativo y expansión productiva.
El eje de su gestión fue el equilibrio fiscal, acompañado por una reducción gradual de impuestos y la digitalización del Estado para atraer inversiones. A eso se sumó un paquete educativo que proyecta cambios desde la primera infancia hasta la universidad, incluida una reforma de la escuela secundaria. En salud, Cornejo impulsó nuevas infraestructuras como un centro de diálisis, un reactor para radiofármacos y ampliaciones del hospital pediátrico Humberto Notti, junto a un régimen salarial optativo por productividad para médicos.
La seguridad y la justicia ocuparon un lugar central: en 2025, Cornejo anunció la mayor inversión del área en una década, con más de 22 mil millones de pesos destinados a patrulleros, armas, chalecos y tecnología de vigilancia. El plan incluyó laboratorios forenses, refacciones de comisarías y, en una decisión política no menor, la incorporación progresiva de los municipios a la gestión de la seguridad, pese a la resistencia inicial de varios intendentes opositores.
En paralelo, el gobernador avanzó con su apuesta más ambiciosa: diversificar la matriz productiva. A través de un nuevo Código de Procedimiento Minero, leyes de regalías y un Fondo Compensador Ambiental, Cornejo abrió la puerta a una minería “moderna y sostenible”, buscando inversiones en Europa y promoviendo proyectos energéticos y agroindustriales. La consigna que repite —“hacer vino, hacer cobre y cuidar el agua”— sintetiza su intento de compatibilizar minería, medio ambiente y sectores tradicionales.
Pero los desafíos persisten. La caída de transferencias nacionales condiciona el margen fiscal provincial, mientras la expansión minera genera tensiones con sectores agrícolas y organizaciones ambientales. A eso se suma el impacto de la crisis económica nacional, que limita la percepción social de los avances prometidos. Con una oposición desordenada y un modelo económico aún en redefinición, Cornejo encara la segunda mitad de su mandato midiendo costos y sosteniendo su alianza con un oficialismo que también redefine su futuro.