Congreso
10/12/2025 - Edición Nº1037
Política
Sesiones extraordinarias
Milei va por todo en el Congreso: siete proyectos clave para diciembre
09/12/2025 | El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias, con un temario centrado en el Presupuesto y reformas fiscales, laborales, penales y ambientales. La nueva mayoría buscará aprobar iniciativas de alto impacto político y económico.
El presidente Javier Milei deja en claro su fuerte apuesta en el Congreso.
El Poder Ejecutivo oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre, según el decreto 865/2025 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Como es habitual en este período, solo podrán tratarse los proyectos incluidos en el anexo, encabezado por el Presupuesto 2026, pieza central del plan oficial para consolidar el equilibrio fiscal el año próximo. La hoja de ruta económica presentada por el Gobierno proyecta un resultado financiero equilibrado o levemente superavitario, en línea con el programa de ajuste y ordenamiento del gasto público.
Presupuesto en tiempo récord
El oficialismo llega a las extraordinarias con una urgencia central: aprobar en apenas 20 días su primer Presupuesto, luego de dos años de gobernar con la ley prorrogada de 2022. La nueva correlación de fuerzas ofrece un escenario más favorable, pero también obliga a negociar con sectores dialoguistas para evitar bloqueos y mostrar una señal fiscal clara antes del cierre del año legislativo.
Un Congreso nuevo y más imprevisible
El período extraordinario será también el debut del nuevo Congreso, marcado por una primera minoría libertaria más robusta, pero sin los “socios propios” que acompañaron al Gobierno en sus primeros meses. Los interbloques provinciales y los gobernadores emergen como actores clave, con capacidad real de negociación y condicionamiento. El clima festivo que rodeó la jura de diputados contrastó con un tablero parlamentario fragmentado, que anticipa debates más ásperos de lo que pretende la Casa Rosada.
Los siete proyectos que el Gobierno quiere aprobar
El temario final confirma un paquete de siete iniciativas que marcan la agenda política y económica del cierre del año legislativo:
- Ley de Presupuesto General para el ejercicio 2026
- Ley de Inocencia Fiscal
- Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria
- Ley de Modernización Laboral
- Ley de Reforma del Código Penal
- Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639)
- Ley de Inocencia Fiscal, que redefine criterios de responsabilidad tributaria (agregada luego en el decreto).
Qué traerá la Ley de Modernización Laboral
El avance de la reforma laboral llega en un clima social donde crece la demanda de cambios, pero también las dudas sobre su alcance. Encuestas recientes muestran que una mayoría de la población considera necesario actualizar las reglas del trabajo, aunque persisten fuertes diferencias sobre el ritmo y la orientación de esas modificaciones.
Esa discusión expone además una brecha generacional y de género, con mayor adhesión entre jóvenes y sectores afines a la gestión libertaria, frente a resistencias más marcadas en otros grupos. En este escenario, el sindicalismo aparece debilitado, un factor que puede facilitar -aunque no asegurar- el avance del proyecto oficial.
La reforma laboral que el Ejecutivo enviará al Congreso incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones, pasantías, modalidades de contratación y marcos de trabajo acordes a nuevas dinámicas del empleo. El Gobierno sostiene que se trata de “actualizar” la legislación vigente para incentivar la formalización y reducir litigiosidad, mientras que la oposición y los gremios temen una flexibilización profunda del sistema regulatorio.
Reforma del Código Penal: una ofensiva más amplia
El paquete legislativo también incluye una reforma integral del Código Penal, con modificaciones en figuras delictivas, escalas de penas y criterios de persecución penal. La Casa Rosada busca endurecer el sistema y alinearlo con el perfil de seguridad que Milei promueve desde campaña. El debate promete ser uno de los más técnicos y extensos, con tensiones entre juristas, organismos de derechos humanos y sectores conservadores.
La ley de Glaciares, otro frente sensible
La adecuación de la Ley de Glaciares será una de las discusiones más delicadas, ya que apunta a compatibilizar la protección ambiental con proyectos de inversión, especialmente en zonas cordilleranas de explotación minera. Organizaciones ambientales anticipan resistencia frente a cualquier flexibilización, mientras que provincias cordilleranas presionan por un marco que habilite desarrollos productivos sin paralizar inversiones.
Lo que se juega en diciembre
Las extraordinarias serán una prueba de fuerza para Javier Milei y su nueva mayoría legislativa. El Gobierno apuesta a cerrar el año con señales económicas contundentes, un Presupuesto propio y reformas estructurales en marcha. Pero el tablero parlamentario, más complejo y negociado de lo que sugieren los números, puede convertir diciembre en el mes más decisivo -y conflictivo- del primer tramo de la gestión libertaria.
El avance de la reforma laboral llega en un clima social donde crece la demanda de cambios, pero también las dudas sobre su alcance. Encuestas recientes muestran que una mayoría de la población considera necesario actualizar las reglas del trabajo, aunque persisten fuertes diferencias sobre el ritmo y la orientación de esas modificaciones.
Esa discusión expone además una brecha generacional y de género, con mayor adhesión entre jóvenes y sectores afines a la gestión libertaria, frente a resistencias más marcadas en otros grupos. En este escenario, el sindicalismo aparece debilitado, un factor que puede facilitar —aunque no asegurar— el avance del proyecto oficial.
La reforma laboral que el Ejecutivo enviará al Congreso incluirá cambios en regímenes especiales, esquemas de indemnizaciones, pasantías, modalidades de contratación y marcos de trabajo acordes a nuevas dinámicas del empleo. El Gobierno sostiene que se trata de “actualizar” la legislación vigente para incentivar la formalización y reducir litigiosidad, mientras que la oposición y los gremios temen una flexibilización profunda del sistema regulatorio.
