09/12/2025 - Edición Nº1036

Política

Sesiones extraordinarias

Milei acelera: cómo es su proyecto "antiinflación" con penas de prisión

09/12/2025 | Se trata de un proyecto que el Presidente tiene como prioridad y busca que se apruebe antes de fin de año. Qué funcionarios podrían ir presos.



El presidente Javier Milei volvió a activar uno de los proyectos más emblemáticos de su programa económico: la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, una iniciativa que ya había sido presentada a mediados de 2025 pero que no avanzó en el Congreso.

Ahora, el Poder Ejecutivo decidió incorporarla al temario de las sesiones extraordinarias, en un intento por convertirla en una estructura legal permanente para blindar el equilibrio fiscal y limitar la emisión monetaria.

La propuesta, enviada con el Mensaje 29/2025, tiene como eje la creación de un marco jurídico-institucional que obligue al Estado a mantener cuentas públicas equilibradas y a restringir de manera estricta el financiamiento inflacionario.

El texto argumenta que la historia económica argentina demuestra que los déficits sistemáticos y la emisión sin respaldo constituyeron las causas centrales de los ciclos recurrentes de inflación, endeudamiento y crisis.

El espíritu del proyecto

El Ejecutivo presenta la iniciativa como un mecanismo para “proteger el valor de la moneda”, evitar déficits fiscales persistentes y garantizar previsibilidad en la administración pública.

En su mensaje, Milei sostiene que el equilibrio fiscal debe ser una regla permanente y no una decisión coyuntural, y que el Estado debe operar bajo límites estrictos para preservar los derechos patrimoniales de los ciudadanos.

La ley busca transformar en obligaciones legales varias de las prácticas adoptadas desde diciembre de 2023, cuando el Gobierno lanzó un plan de estabilización basado en recorte del gasto, corrección del tipo de cambio oficial y eliminación de financiamiento monetario.

Los puntos centrales de la iniciativa

El proyecto se organiza en tres ejes principales:

  1. Reglas fiscales obligatorias: el núcleo del texto establece que el Presupuesto General de la Administración Nacional deberá ser siempre equilibrado o superavitario. Se prohíbe explícitamente sancionar una ley de presupuesto con déficit. Además, se crea un mecanismo automático de ajuste: si los ingresos caen o los gastos se incrementan por encima de lo previsto, el jefe de Gabinete estará obligado a recortar partidas para restablecer el equilibrio.
  2. Prohibición de emitir para financiar el gasto: el proyecto impone una prohibición taxativa al Poder Ejecutivo: no podrá solicitar adelantos transitorios del Banco Central para cubrir el gasto primario. Es una ratificación jurídica del compromiso oficial con el “déficit cero” y con la eliminación del financiamiento monetario.
  3. Responsabilidades administrativas: el incumplimiento de estas reglas dará lugar a las sanciones previstas en la Ley 24.156 de Administración Financiera y, eventualmente, a responsabilidades penales.

Los cambios en el Código Penal

Una de las novedades más resonantes del proyecto es la introducción de tipos penales específicos para castigar a funcionarios que violen las reglas fiscales o impulsen emisión irregular de dinero.

Tres artículos modifican o incorporan figuras nuevas:

  • Artículo 248 ter: pena de 1 a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta para funcionarios que incrementen gastos sin contar con los recursos acreditados o sin respetar las reglas fiscales de la ley.
  • Artículo 287 bis: pena de 3 a 10 años de prisión e inhabilitación para funcionarios del Banco Central o de otras áreas estatales que ordenen o ejecuten emisión de moneda en violación de la Carta Orgánica o que pongan en circulación dinero de origen espurio.
  • Artículo 41 sexies: duplica las penas de ambas figuras cuando se acredite ánimo de enriquecimiento personal o de terceros, en línea con el quinto párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional, que considera atentatorio contra el sistema democrático el enriquecimiento derivado de delitos graves contra el Estado.

El texto fundamenta estas incorporaciones argumentando que la emisión sin respaldo y el gasto público por fuera de las reglas presupuestarias constituyen una forma de afectar el valor de la moneda y, por lo tanto, deben ser penalizados con severidad.

FA