Arrieta desafía la grieta minera y exige una minería del siglo XXI para Mendoza

La discusión por el futuro minero de Mendoza volvió a encenderse, pero esta vez una voz legislativa intenta mover el eje del debate. La diputada Lourdes Arrieta sostiene que la provincia no debe decidir únicamente si acepta o rechaza la minería, sino cuál está dispuesta a permitir. Su propuesta apunta a un modelo de minería sustentable con estándares globales, capaz de garantizar transparencia, control y seguridad a niveles mucho más exigentes que los actuales.

Arrieta marca una diferencia central: cumplir con la ley provincial 7722 -que fija requisitos mínimos como la presentación de un Informe de Impacto Ambiental- no equivale a operar bajo normas internacionales como IRMA, TSM, Copper Mark o ISO 14001. “Cumplir la ley garantiza un mínimo; cumplir estándares globales garantiza un máximo”, sostiene, y advierte que la discusión mendocina sigue estancada en parámetros del siglo pasado.

Según la legisladora, "la minería moderna exige monitoreo ambiental público, auditorías externas, trazabilidad del uso del agua, protocolos estrictos de seguridad y participación ciudadana efectiva". Para Mendoza, afirma, "la oportunidad económica es enorme, pero solo se convierte en desarrollo si los riesgos se gestionan con los niveles de control que hoy demandan los mercados y los países líderes en minerales críticos".

Un conflicto que vuelve a tensar la provincia

La postura de Arrieta irrumpe en medio de un escenario atravesado por la conflictividad. El proyecto San Jorge, en Uspallata, reactivó marchas y cuestionamientos sobre el impacto en el agua, un recurso crítico en una provincia donde apenas el 4% del territorio es irrigable y la sequía lleva más de 15 años.

Referentes ambientales como Enrique Viale insisten en la falta de licencia social y advierten que la minería a gran escala no ha generado mejoras socioeconómicas proporcionales en provincias con larga trayectoria extractiva. Señalan también que el proyecto demandaría millones de litros de agua diarios y que las estimaciones iniciales suelen aumentar una vez en funcionamiento.

La defensa oficialista y la búsqueda de diversificación económica

Del otro lado, el oficialismo provincial -con la vicegobernadora Hebe Casado como una de sus principales voceras- defiende la rigurosidad técnica del proceso y la necesidad de diversificar la matriz productiva frente al declive petrolero. Casado sostiene que la documentación del proyecto es pública, que la audiencia ambiental registró miles de participaciones y que “la mayoría social” respalda el desarrollo minero.

Mientras ambas posiciones chocan en las calles y en la política, Arrieta intenta abrir un tercer camino: exigir que cualquier proyecto que aspire a operar en Mendoza lo haga con controles independientes, monitoreo hídrico permanente, trazabilidad completa y certificaciones verificables. Para la diputada, la provincia “merece la mejor minería, no la que apenas cumple requisitos mínimos”.