La CGT convocó para este jueves a su Consejo Directivo con el fin de definir un plan de acción frente al proyecto de reforma laboral del Gobierno, que impulsa flexibilizaciones para contratar y despedir, limita el derecho a huelga y afecta el financiamiento sindical. La medida llegó tras la ausencia de Gerardo Martínez en el Consejo de Mayo, señal clave del quiebre en la relación con la administración de Javier Milei.
El malestar dentro de la central obrera comenzó a escalar cuando se conoció la última versión del proyecto laboral. El documento restituía puntos que habían sido retirados en días previos, entre ellos la limitación de las cuotas solidarias, un factor central para la supervivencia financiera de los sindicatos. El ala más dura del Gobierno —referenciada en Federico Sturzenegger y Patricia Bullrich— presionó para reincorporar estos artículos, pese a los intentos del sector político por moderar el texto.
El gesto más contundente del rechazo cegetista fue la decisión de que Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA y representante de la CGT en el Consejo de Mayo, no asistiera a la reunión convocada en Casa Rosada. El dirigente había participado del encuentro anterior, el 26 de noviembre, cuando ya alertaba que la reforma sería más profunda de lo anunciado inicialmente.

Uno de los puntos que más inquietud generó es el artículo que condiciona el aporte de cuotas solidarias al consentimiento explícito de cada trabajador. Estas cuotas —descontadas a toda la actividad, estén o no afiliados— constituyen el sostén financiero de los gremios.
Para Sturzenegger, se trata de “peajes sindicales”, mientras que para la CGT es una embestida directa al modelo de representación laboral. El artículo es casi idéntico al incorporado en el DNU 70 y había sido retirado de versiones anteriores tras negociaciones con referentes oficialistas como Santiago Caputo y los hermanos Menem.
El avance sobre este punto activó alarmas en Azopardo, donde consideran que la reforma busca debilitar a las organizaciones sindicales y consolidar un giro regresivo en materia de derechos laborales.

Patricia Bullrich, senadora libertaria, pretende acelerar el trámite y llevar el proyecto al recinto antes de fin de año. La CGT, sin embargo, rechaza cualquier intento de tratamiento exprés y asegura que no permitirá “que la lleven de las narices”, según expresó un histórico dirigente.
En medio del escenario, los gremios intensificaron contactos con gobernadores y legisladores opositores, aunque no hay optimismo: La Libertad Avanza se consolidó como primera minoría y ha sumado apoyos de sectores dialoguistas.
Este conflicto marcará el estreno del nuevo triunvirato cegetista integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. El recambio dejó tensiones internas y diferencias entre sectores que también estarán presentes en el debate del jueves.
Mientras el oficialismo define la versión final del proyecto, en la CGT ya se habla de un posible plan de lucha: judicialización, manifestación callejera e incluso la posibilidad de un nuevo paro general, que sería el cuarto contra la gestión Milei.

Además de las cuotas solidarias, hay otros puntos sensibles:
La versión definitiva del proyecto será clave para definir la estrategia sindical. No obstante, el clima ya está marcado: el vínculo entre la CGT y el Gobierno entró en una fase crítica, y el sindicalismo se prepara para un enfrentamiento que podría redefinir el mapa laboral argentino.
La reforma laboral tensó al máximo la relación entre la CGT y el Gobierno. El regreso del artículo sobre cuotas solidarias y la voluntad oficial de acelerar el debate encendieron la alarma en el sindicalismo, que se encamina a responder con todas sus herramientas políticas, judiciales y de movilización. Se define, en estos días, una de las batallas más importantes del ciclo Milei.