La Ley de Libertad Educativa presentada por el gobierno de Javier Milei incluye modificaciones profundas en el sistema educativo argentino. Entre ellas, la creación del Consejo Escolar de Padres aparece como el cambio con mayor impacto directo para las familias, al otorgarles un rol formal en decisiones que antes quedaban totalmente en manos de directivos y autoridades provinciales.
El Consejo Escolar de Padres se incorpora como un órgano con participación efectiva en las escuelas públicas. No se trata de un espacio meramente consultivo. La ley le asigna atribuciones concretas para intervenir en tres áreas que antes quedaban fuera del alcance de las familias:
Las jurisdicciones deberán reglamentar su funcionamiento, pero la norma exige que la participación de los padres sea real, no simbólica, lo que marca un giro en la gobernanza de las escuelas estatales.
La novedad es que los padres dejan de ser actores secundarios y pasan a tener voz en decisiones sensibles del gobierno escolar.
La participación de las familias en la escuela pública suele limitarse a reuniones esporádicas o cooperadoras sin incidencia en la gestión. El Consejo Escolar de Padres cambia ese esquema y propone convertir a los padres en un actor institucional con poder en decisiones estratégicas.

Desde el Gobierno se argumenta que las familias deben tener herramientas para garantizar mejores condiciones educativas. Desde sectores críticos, en cambio, se advierte sobre una posible tensión con la autonomía escolar y con el rol docente.
En Argentina, la discusión sobre la participación de las familias atraviesa al sistema desde hace décadas, pero siempre con un alcance limitado y fragmentado. Las experiencias previas -cooperadoras, consejos consultivos o asociaciones de padres- nunca tuvieron peso real en decisiones de gestión. La Ley de Libertad Educativa rompe ese paradigma al convertir la presencia de los padres en un mecanismo institucional obligatorio dentro de todas las escuelas estatales, lo que supone un cambio en la relación entre comunidad, directivos y Estado.
Además, la medida llega en un momento de fuerte debate nacional sobre la gobernanza escolar, el financiamiento educativo y los resultados de aprendizaje, que en los últimos años mostraron retrocesos que dieron lugar a múltiples diagnósticos. Para especialistas del sector, la creación del Consejo Escolar de Padres refleja una tendencia internacional hacia modelos de mayor corresponsabilidad familiar y mayor transparencia institucional, pero también abre interrogantes sobre cómo se implementará en cada provincia y qué impacto real tendrá en la calidad educativa.

Además del nuevo Consejo Escolar de Padres, la ley incorpora reformas estructurales que el Gobierno considera complementarias para modernizar el sistema. Entre ellas:
Estos puntos serán desarrollados en mayor profundidad en notas específicas, dado que representan modificaciones amplias y diversas dentro de la política educativa.