Mientras avanza el informe del Consejo de Mayo, el Gobierno enfrenta un tablero complejo para conformar la Comisión de Presupuesto 2026.
La Libertad Avanza y Unión por la Patria se repartirían 36 de los 49 lugares, dejando a las fuerzas intermedias -Provincias Unidas, UCR y PRO- en una puja feroz por las pocas sillas restantes.
Los dos grandes interbloques del centro, Unidos y la alianza PRO–UCR–MID, empatan en 22 bancas. Según el sistema D’Hont, cada uno recibiría cuatro lugares, aunque ambos presionan para quedarse con un espacio más. El Frente de Izquierda busca sumar a Nicolás del Caño, pero depende de un acuerdo con UxP.
Este martes, referentes de todos los bloques pasaron por el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para conocer el cronograma.
El plan es constituir la comisión el martes 16 de diciembre, con Alberto “Bertie” Benegas Lynch nuevamente a cargo, y firmar dictamen ese mismo día o el siguiente.
El proyecto llegaría al recinto entre el 17 y el 18 para obtener media sanción y ser girado al Senado. Menem, junto al ministro del Interior Diego Santilli, trabajan en el armado de mayorías y en el intercambio de pedidos provinciales con la Casa Rosada.
En simultáneo, se constituirá la Comisión de Legislación Penal, que presidirá la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado. Allí se discutirán dos temas sensibles: la Ley de Inocencia Fiscal -que busca blanquear dólares no declarados- y la reforma del Código Penal de corte “mano dura”.
Ambas iniciativas forman parte del paquete del Consejo de Mayo, que también contempla una ley de “Libertad educativa”, una “modernización laboral” y una reforma impositiva.
A último momento, el Gobierno incorporó al temario extraordinario una “Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, que prohíbe el déficit y condiciona la negociación del Presupuesto.
La Casa Rosada deberá diseñar un esquema de compensaciones para los gobernadores, priorizando a los aliados sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. En paralelo, avanza también la reforma a la ley de Glaciares, un objetivo compartido con las provincias cordilleranas para habilitar inversiones mineras y energéticas.
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