La decisión de la presidenta hondureña Xiomara Castro de denunciar ante la ONU, la OEA y la Unión Europea un supuesto "golpe electoral" abrió un flanco político que supera el marco de la disputa poselectoral. Aunque la mandataria sostiene que existieron fallas técnicas y vulneraciones informáticas en el procesamiento de resultados, sectores de oposición y analistas internacionales advierten que la maniobra podría formar parte de una estrategia más profunda: desacreditar el escrutinio antes de que se confirme la ajustada ventaja del candidato opositor Nasry Asfura.
La narrativa oficial, insisten sus críticos, busca sembrar dudas sobre un proceso que, pese a irregularidades puntuales, fue reconocido como pacífico y funcional por múltiples misiones de observación. En ese contexto, los llamados del gobierno a desconocer resultados preliminares y su disposición a escalar el conflicto a foros multilaterales alimentan el temor de que se esté construyendo un escenario para justificar la permanencia del oficialismo más allá del mandato popular.
La acusación de Castro se produce en un ambiente donde su partido, LIBRE, ya amenazó con declarar "nulas" las elecciones si el escrutinio no lo favorece. Este condicionamiento, interpretado por diversos sectores como una presión indebida sobre el órgano electoral, erosiona la confianza en el sistema democrático y da señales de un posible quiebre entre los poderes públicos. La dinámica recuerda a otros episodios latinoamericanos donde el Ejecutivo, frente a un resultado adverso, recurre a cuestionamientos radicales para conservar influencia.
Al trasladar la disputa a Naciones Unidas y otros organismos, el gobierno podría estar buscando respaldo internacional para un relato de victimización que no se corresponde con las evidencias presentadas hasta ahora. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral continúa revisando actas inconsistentes, un proceso que avanza dentro de los márgenes establecidos por la ley hondureña. La intervención del Ejecutivo sobre ese procedimiento amenaza con distorsionar una labor que debe ser autónoma y estrictamente técnica.
🚨 ÚLTIMA HORA
— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) December 9, 2025
La socialista Xiomara Castro, aliada de Nicolás Maduro, declara "NULAS" las elecciones de Honduras en las que su candidata sacó menos del 20 % de los votos.pic.twitter.com/LyPzInntzS
Una democracia se sostiene en la aceptación de resultados, incluso cuando estos incomodan al poder de turno. La denuncia de un "golpe electoral" sin pruebas concluyentes puede convertirse en un arma peligrosa: deteriora la credibilidad institucional y habilita la narrativa de que cualquier derrota del oficialismo es ilegítima. Para una sociedad hondureña que ha atravesado crisis políticas recurrentes, la repetición de este patrón representa un riesgo serio de polarización y violencia.
🇭🇳#AHORA - La presidenta del CNE de Honduras pide el apoyo del Estado Mayor Conjunto, para el resguarde del material electoral y el personal del CNE, ante la amenaza de MEL ZELAYA. pic.twitter.com/fPGx43HjG9
— DatoWorld (@DatosAme24) December 9, 2025
Si el gobierno persiste en su estrategia de deslegitimar el proceso electoral, Honduras podría entrar en un ciclo de inestabilidad con costos elevados para su institucionalidad democrática. La comunidad internacional, más que tomar partido por un relato, tendrá que velar por que el conteo se complete con transparencia y se respete la voluntad ciudadana. La solución no radica en discursos de ruptura, sino en la madurez política necesaria para aceptar que la democracia también implica perder.