Papúa Nueva Guinea abrió un debate que podría modificar la base misma de su organización política: la continuidad del rey Carlos III como jefe de Estado. El tema tomó fuerza después de que la Comisión de Reforma Constitucional y Legal presentara un informe al Gabinete nacional con una propuesta clara: realizar una votación pública para determinar si el país debe mantener al monarca o avanzar hacia una jefatura totalmente local.
La discusión no es nueva, pero adquiere un peso inédito en un país que se independizó en 1975 y que, desde entonces, mantuvo la figura del soberano británico como símbolo formal del Estado. El reporte afirma que conservar un jefe de Estado no residente refuerza percepciones de neocolonialismo y limita la capacidad de proyectar una identidad plenamente nacional.
El documento sostiene que la ciudadanía debería elegir entre dos alternativas principales. La primera es instaurar un presidente elegido por el Parlamento, un esquema que preservaría un rol mayormente ceremonial pero otorgaría residencia y vínculo directo con la sociedad local. La segunda opción es la elección directa por voto popular, un modelo que daría mayor legitimidad y significaría un cambio profundo respecto de la estructura heredada del Reino Unido.
La comisión argumenta que ambas alternativas permitirían construir una institución “propia”, con presencia territorial y responsabilidad interna, rasgos que consideran indispensables para un país con una diversidad cultural inmensa y una historia marcada por influencias externas.

La posible transición papú se suma a una tendencia que se intensificó en los últimos años dentro de los Reinos de la Commonwealth. Barbados adoptó un sistema republicano en 2021 y varios gobiernos caribeños impulsan consultas para revisar la continuidad del monarca británico. La muerte de la reina Isabel II y la coronación de Carlos III aceleraron estos procesos y reactivaron debates sobre identidad, memoria colonial y soberanía.
En el caso de Papúa Nueva Guinea, la figura del jefe de Estado británico convive con la de James Marape, un Primer Ministro que dirige el Gobierno y con una estructura parlamentaria propia. Sin embargo, el informe sostiene que la distancia geográfica y cultural del monarca genera una desconexión simbólica que ya no refleja las aspiraciones del país medio siglo después de la independencia.

El Gabinete deberá estudiar la propuesta y decidir si convoca una consulta nacional. Cualquier modificación demandaría reformas constitucionales y un proceso político prolongado, pero la iniciativa marca un punto de inflexión en la relación del país con la monarquía.
Mientras tanto, el debate crece dentro de un escenario global en el que varias naciones revisan sus instituciones para alinearlas con nuevas demandas de representación, autonomía y reconocimiento histórico. Papúa Nueva Guinea podría convertirse en el próximo protagonista de este cambio.