10/12/2025 - Edición Nº1037

Política

Tierra y Poder

Casa Rosada vs. Máximo Kirchner: la jugada que redefine la propiedad privada

10/12/2025 | La Casa Rosada enviará al Congreso su Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que desarma el esquema creado por Máximo Kirchner, acelera desalojos y flexibiliza el acceso de extranjeros a tierras rurales.



El Gobierno enviará al Congreso la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las piezas más sensibles que dejó el Consejo de Mayo y que apunta a reordenar el sistema de expropiaciones, desalojos y regulación de tierras rurales. El texto llega con un objetivo político claro: desmontar las restricciones que había impulsado Máximo Kirchner en 2011 y marcar un giro nítido en la política de propiedad.

El proyecto redefine el régimen de expropiaciones: la indemnización quedará atada al valor real de mercado y a daños comprobables, excluyendo cálculos por expectativas futuras. Además, se prohíbe cualquier transferencia de propiedad sin pago total y se fijan 60 días como máximo para ocupaciones temporarias. Un mensaje directo a provincias y municipios: se terminan los mecanismos flexibles para avanzar sobre inmuebles privados.

En el terreno más caliente —los desalojos— la reforma habilita un procedimiento acelerado. Con la sola presentación del título y una caución juratoria, el juez deberá ordenar la restitución inmediata del inmueble, incluso con allanamientos y uso de la fuerza pública. El Gobierno sostiene que es la respuesta a la problemática de intrusiones, mientras organizaciones sociales anticipan conflictos.

El punto más político del paquete es la derogación parcial de la Ley 26.737, la norma emblemática de Máximo Kirchner que limitaba la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La nueva versión mantiene prohibiciones para Estados y empresas estatales extranjeras, pero abre la puerta a capitales privados, un giro proinversiones que dinamita el espíritu original de aquella ley.

El proyecto también modifica reglas de gestión del fuego, actualiza la regularización dominial en barrios populares y establece límites a las cuotas, que no podrán superar el 20% del ingreso familiar. Con esta ley, la Casa Rosada busca reforzar su narrativa de “seguridad jurídica” y anclar una de las reformas estructurales que Milei quiere aprobar antes del verano parlamentario.