Familias de víctimas exigen al Gobierno revertir el vaciamiento en controles de tránsito

La seguridad vial volvió a tensarse en la agenda pública. Con los siniestros de tránsito en ascenso en todo el país, organizaciones y familiares de víctimas advirtieron que la decisión del Gobierno de no renovar los contratos de los agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) constituye un retroceso grave en materia de prevención. El planteo no es menor: la Argentina mantiene cifras escandalosas de muertes viales, pero el Estado -señalan- está debilitando su principal herramienta para prevenirlas.

El reclamo se formalizó mediante un documento elevado al Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, firmado por referentes de seguridad vial y 504 adhesiones de padres, madres y organizaciones de todo el país. La voz más escuchada fue la de Viviam Perrone, emblema de Madres del Dolor, que volvió a exponer una verdad incómoda que la política evita: detrás de cada siniestro hay responsabilidad estatal.

“La cantidad de hechos viales es alarmante. Solo en la Ciudad de Buenos Aires ocurren 72 por día”, planteó Perrone. “No son simples accidentes. Destruyen familias. Son homicidios”, añadió.

Control desmantelado: una decisión de riesgo

El conflicto se desató cuando trascendió que el Gobierno dejaría vencer los contratos de los agentes especializados de la ANSV y que los operativos pasarían a manos casi exclusivas de Gendarmería. Para los familiares, la decisión revela un desconocimiento profundo sobre la naturaleza de los controles viales: no es solo presencia uniformada, sino técnica, experiencia y prevención activa.

Perrone fue categórica: “Lamentamos que no se quiera renovar los contratos de los agentes de tránsito y que se pretenda reemplazarlos únicamente por Gendarmería”.

La crítica apunta a un punto central: Gendarmería cumple funciones específicas y operativas, pero no reemplaza el rol profesional de los inspectores viales. La seguridad vial, insisten las organizaciones, requiere un Estado presente, especializado y consistente, no medidas de impacto coyuntural.

“Sin controles, hay más muertes”

Las organizaciones remarcan lo que la evidencia demuestra hace décadas: cada vez que se retiran los controles, aumentan los siniestros y las víctimas. Es una ecuación tan simple como inapelable. Por eso enviaron el pedido formal al Gobierno: la prevención no es gasto, es política pública que salva vidas.

“Solicitamos al ministro Sturzenegger que comprenda la importancia de invertir en prevención para salvar vidas”, insistió Perrone. “Necesitamos a ambos: agentes viales y fuerzas federales”.

No es una discusión técnica; es una definición política. Si el Estado se retira, la ruta queda librada al azar. Y el azar, en la Argentina, casi siempre es letal.

Un drama silenciado que exige decisión política

El reclamo vuelve a poner sobre la mesa un drama cotidiano que, pese a su magnitud, sigue subestimado por los gobiernos de turno: los siniestros viales son una de las principales causas de muerte violenta en el país. Pero la discusión pública suele llegar tarde, cuando ya no hay nada que reparar.

Lo que plantean los familiares no es un pedido sectorial, sino una advertencia frontal: la desprotección mata. Y cuando el Estado elige retroceder en prevención, la factura no la paga la burocracia, sino las familias que nunca vuelven a ser las mismas.