Milei va por el fin del “compre provincial”: qué significa y a quiénes impactaría

El Consejo de Mayo recomendó eliminar todas las leyes provinciales de “compre local” y de prioridad de mano de obra.

Una propuesta que, con el aval político de Javier Milei, promete abrir un frente de tensión con numerosos gobernadores -incluso aliados- que defienden estos regímenes para sostener empleo y actividad en sus territorios.

La medida surge del apartado 7.2.6 “Leyes de compre y trabajo provincial” del Informe Final y se enmarca en el punto del Pacto de Mayo que compromete a las provincias a avanzar en la explotación de los recursos naturales.

Según el documento, este compromiso exige remover “distorsiones” que, a juicio del Consejo, frenan inversiones de escala.

Los argumentos del Consejo de Mayo

El informe sostiene que la proliferación de leyes de compre provincial y de cupos obligatorios de mano de obra residente encarece proyectos productivos y en algunos casos los vuelve directamente inviables.

Estas normas, vigentes en buena parte de las jurisdicciones, obligan a los Estados provinciales o a las empresas que operan en sectores como minería, hidrocarburos o pesca a priorizar proveedores locales o contratar un porcentaje mínimo de trabajadores residentes.

Según el Consejo, su efecto real es reducir competencia, distorsionar decisiones de inversión y limitar la posibilidad de acceder a perfiles técnicos que no existen en cada territorio.

El texto enfatiza que estos requisitos “son incompatibles con la escala y la complejidad técnica” de los proyectos que se buscan atraer, especialmente aquellos vinculados a la explotación de recursos naturales.

Advierte que ninguna provincia puede abastecer por sí sola los insumos ni la variedad de perfiles profesionales necesarios para actividades de alto impacto y que estas restricciones desalientan inversiones de mediana y gran escala al forzar a las empresas a operar con mercados laborales “artificialmente restringidos”.

Por eso, el Consejo exhorta explícitamente a los gobernadores a derogar tanto las leyes de compre local como las de mano de obra obligatoria, entendiendo que la flexibilización de estos marcos normativos es una condición para aprovechar de manera plena los recursos naturales del país.

Esta recomendación se vincula de manera directa con el capítulo del informe que justifica la urgencia de avanzar en minería, hidrocarburos y producción ligada a recursos estratégicos, argumentando que la ventana de oportunidad global podría cerrarse en pocos años.

Posible tensión política

Sin embargo, la propuesta abre un flanco político sensible. El compre local es una herramienta que muchos gobernadores -incluidos varios que firmaron el Pacto de Mayo- consideran clave para garantizar participación de proveedores provinciales, estimular cadenas regionales y sostener empleo donde la actividad privada es escasa o depende de industrias extractivas.

En provincias como Neuquén, Santa Cruz, Salta o Tierra del Fuego, estos regímenes forman parte del andamiaje económico y fiscal de sus desarrollos productivos.

El guiño de Milei al planteo del Consejo supone un choque potencial con esas administraciones. El presidente apuesta a desarmar trabas a la inversión en nombre de la eficiencia y la competencia, mientras que buena parte de los gobernadores ha defendido históricamente estos esquemas como mecanismos de desarrollo territorial.

En los próximos meses, la discusión podría trasladarse al Congreso, donde el oficialismo espera tratar otras iniciativas derivadas del Pacto de Mayo. Pero la eliminación del compre local -un tema que toca intereses provinciales sensibles- anticipa un debate áspero y vuelve a poner a prueba la frágil alianza entre Milei y los mandatarios que acompañaron el acuerdo.