Cada 10 de diciembre el mundo recuerda la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Pero en la Argentina la fecha tiene una densidad política única: es el día en que en 1983 se recuperó la democracia, el día habitual de las asunciones presidenciales y el momento en que el país renovó —año tras año— un compromiso con las libertades individuales que hoy se encuentra bajo tensión.
La Declaración Universal nació el 10 de diciembre de 1948 como respuesta al horror de la Segunda Guerra Mundial. Su mensaje encontró eco profundo en un país que décadas más tarde atravesaría su propio capítulo de violencia estatal y desapariciones forzadas.
Por eso, cuando Alfonsín asumió la Presidencia en esa misma fecha, en 1983, los derechos humanos dejaron de ser un ideal abstracto para convertirse en un proyecto político real.
Desde entonces, el 10 de diciembre funciona como una suerte de doble pacto democrático: la conmemoración internacional y la tradición argentina de jurar autoridades nacionales. Presidentes, gobernadores y legisladores suelen asumir ese día, reforzando la idea de que la democracia y los derechos humanos forman parte del mismo núcleo político y simbólico.
Ese consenso, sin embargo, atraviesa un momento delicado. En los últimos años —y especialmente desde la llegada del actual Gobierno— se multiplicaron las desvalorizaciones públicas hacia organismos, luchas y políticas vinculadas a los derechos humanos. Declaraciones negacionistas, reducciones presupuestarias y la deslegitimación de movimientos sociales han tensado un legado que en la Argentina siempre funcionó como base común.
La efeméride, así, ya no solo celebra una universalidad: también pone en evidencia las disputas contemporáneas sobre la memoria, la igualdad y el rol del Estado.
Aunque suscripta desde 1948, la Declaración se incorporó plenamente al derecho argentino recién con la reforma constitucional de 1994, que otorgó jerarquía constitucional a los pactos de derechos humanos (artículo 75 inciso 22). Ese paso elevó la protección jurídica de los derechos fundamentales y blindó institucionalmente los compromisos asumidos.
En un escenario político donde se reconfiguran fuerzas, discursos y prioridades, el Día Internacional de los Derechos Humanos obliga a revisar lo que la Argentina construyó y lo que está en disputa. Se trata de una jornada que condensa memoria histórica, identidad democrática y —cada vez más— una batalla cultural por el sentido mismo de la palabra “derechos”.
Mientras el mundo utiliza la fecha para promover agendas contra la desigualdad, la pobreza y la discriminación, en la Argentina la jornada se vuelve además un recordatorio de aquel compromiso que nació en 1983: democracia con derechos, derechos con democracia.