A dos años de la llegada de Javier Milei al poder, el Gobierno decidió demorar la publicación del proyecto de reforma laboral. Aunque públicamente se insistió en que el texto está “terminado”, el aplazo funciona como un mensaje político hacia la CGT en medio de una tensión creciente entre la Casa Rosada y el sindicalismo.
La pista más clara la dio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando confirmó que los cambios en materia sindical no serán incluidos en esta primera iniciativa. El Gobierno resolvió no avanzar por ahora sobre los aportes obligatorios y las cajas gremiales, un punto que la CGT considera vital para su estructura financiera. Para los especialistas en derecho laboral, este gesto es clave para entender la estrategia oficial: enviar una señal de calma mientras se discuten los puntos más sensibles del proyecto.

El Ejecutivo había anticipado que el texto se publicaría ayer en la web oficial. Pero eso no ocurrió. En Balcarce 50 admitieron que el documento necesita “algunos puntos y comas”, aunque otras fuentes aseguran que la demora responde a razones políticas y no técnicas.
Según funcionarios y legisladores involucrados en la negociación, la Casa Rosada evalúa el clima sindical, la reacción de los gobernadores y el armado de comisiones en el Congreso antes de oficializar la letra final. Incluso dentro del oficialismo hubo dudas sobre incluir artículos que afectaran a las cuotas solidarias, uno de los instrumentos centrales de financiamiento sindical.
El proyecto forma parte del paquete de leyes surgido del Consejo de Mayo y apunta, según el Ejecutivo, a dinamizar el mercado de trabajo, bajar la informalidad y modernizar normas vigentes desde la década de 1970. Entre los ejes de la reforma se destacan:
Estas medidas buscan, según la visión libertaria, “liberar las fuerzas productivas” y reducir la informalidad que ronda el 50% en Argentina. Con este nivel de detalle técnico, el Gobierno apunta a posicionar el proyecto dentro del marco de las reformas estructurales más amplias que pretende llevar adelante.

El retraso en la publicación del texto encendió alarmas dentro de la CGT, que ya convocó a su consejo directivo para evaluar un “plan de acción”. La central obrera analiza marchas, nuevas medidas judiciales y la posibilidad de una movilización al Congreso cuando la iniciativa llegue al recinto.
El sindicalismo ve el contenido de la reforma como “regresivo” y critica especialmente:
Dirigentes como Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) y Gerardo Martínez (UOCRA) ya fijaron postura: la reforma “no generará empleo” y “quita derechos individuales y colectivos”.

En el Gobierno aseguran que el capítulo sindical quedará para una “segunda ley”. Esa decisión, sumada a la postergación del texto final, descomprime momentáneamente el clima con la CGT, que considera una línea roja cualquier modificación que afecte su financiamiento.
Además, dentro del propio oficialismo existe debate: mientras figuras como Federico Sturzenegger impulsan limitar las cuotas solidarias, otros referentes —como Santiago Caputo, Martín Menem y Julio Cordero— advierten que ese movimiento podría poner en riesgo la aprobación parlamentaria.
Por eso, para algunos analistas, la demora representa una pausa táctica. Permite mantener abierto el diálogo con sectores sindicales moderados y evita activar un conflicto masivo antes de que comiencen las sesiones extraordinarias.

El Gobierno también mira hacia las provincias. Aunque Adorni aseguró que las reuniones con gobernadores serán “permanentes”, admitió la falta de sintonía con líderes opositores como Axel Kicillof. Ese escenario condiciona parte de la estrategia para conseguir votos en el Congreso.
Mientras tanto, el oficialismo sigue atando detalles en Diputados y el Senado para la conformación de comisiones claves, como Trabajo y Previsión Social, donde Patricia Bullrich aspira a ocupar un rol central.
La postergación del proyecto no es un error administrativo. Es una jugada política que busca ordenar el frente interno, medir el impacto en el sindicalismo y asegurar que la reforma laboral llegue al Congreso con la menor resistencia posible. Un gesto que, aun sin admitirlo públicamente, funciona como un guiño directo a la CGT.
TM