La reacción del presidente Luis Abinader ante la muerte de una niña de ascendencia haitiana reavivó un debate profundo sobre la convivencia en República Dominicana. Al afirmar que en el país "no existe el racismo", el mandatario buscó neutralizar la indignación social, pero sus palabras dejaron al descubierto un conflicto latente sobre identidad, desigualdad y trato institucional hacia comunidades vulnerables. En paralelo, surgieron cuestionamientos sobre la capacidad estatal para ofrecer garantías a quienes enfrentan múltiples formas de exclusión.
El caso, que involucra responsabilidades penales y la clausura inmediata del centro escolar, se convirtió en una ventana hacia tensiones históricas que superan un hecho aislado. La discusión pública ya no se concentra únicamente en el proceso judicial, sino en las condiciones estructurales que exponen a personas haitianas o dominicanas de ascendencia haitiana a riesgos superiores, desde barreras sociales hasta prácticas administrativas que reproducen estigmas y desprotección.
Los controles migratorios reforzados y las deportaciones masivas han configurado un entorno donde ser haitiano o parecerlo implica enfrentar obstáculos cotidianos. Organizaciones locales e internacionales señalan que estas medidas operan como dispositivos de exclusión, afectando el acceso a salud, educación y trabajo. Para muchos habitantes, la frontera ya no es solo una línea geográfica sino una condición social que determina su nivel de seguridad y dignidad.
En este escenario, las restricciones al acceso a servicios esenciales amplifican la vulnerabilidad, especialmente de mujeres y niños que temen acudir a hospitales o instituciones públicas por posibles detenciones. La combinación de políticas estrictas y discursos negacionistas genera un mensaje contradictorio: mientras se insiste en la inexistencia del racismo, en la práctica se consolida un patrón que diferencia a ciudadanos según origen, fenotipo o estatus documental.

La defensa gubernamental de una narrativa sin racismo puede resultar funcional en el corto plazo, pero limita la capacidad del Estado de reconocer desigualdades reales y diseñar políticas correctivas. Al evitar nombrar la discriminación, se perpetúa un marco institucional que tolera prácticas de exclusión y que reduce la presión para implementar reformas profundas en materia de derechos humanos.

El impacto rebasa las fronteras: la tensión entre República Dominicana y Haití se intensifica cuando la población percibe que sus reclamos no encuentran eco oficial. Para avanzar hacia una convivencia regional sostenible se requiere reconocer el peso del racismo estructural, revisar políticas migratorias y fortalecer mecanismos de protección. Sin ese giro, los episodios como el ocurrido seguirán siendo síntomas de un problema que permanece sin resolver.